Esa medida fue posible mediante un decreto del primer ministro Viktor Orbán, aprobado en abril pasado.
El ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, justificó la normativa por la saturación de las cárceles, algo que motivó críticas desde la Unión Europea.
A finales de 2022 había más de 19 mil detenidos en el país, de los cuales 12 por ciento son por tráfico de personas, lo que significa que el decreto afectaría a más de dos mil personas.
La aprobación de la medida generó roces con Austria, país vecino al que los migrantes acuden para pedir asilo.
En julio pasado la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra Hungría por la liberación de los traficantes de personas.
Orbán es contrario a la inmigración y ordenó el levantamiento de vallas en su frontera sur, mientras endureció los requisitos para obtener asilo.
Hungría también practica las criticadas devoluciones en caliente hacia Serbia de todos aquellos que cruzaron la frontera de una manera ilegal.
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