Adoptada por los diputados en tercera lectura, la normativa exige a los gigantes de las telecomunicaciones con más de 500 mil usuarios al día a abrir oficinas de representación o establecer entidades legales a su nombre en Rusia.
Según el documento, las mismas ‘deben representar plenamente los intereses de las empresas matrices’ y servir de contraparte de la agencia reguladora rusa Roskomnadzor, a partir del 1 de enero de 2022.
El proyecto de ley introduce un conjunto de medidas para obligar a las empresas TIC a cumplir con la legislación rusa, entre ellas informar a sus usuarios sobre las regulaciones para evitar las violaciones a través de internet, entre otras.
El nuevo código se extenderá a los proveedores de alojamiento web, las plataformas de publicidad, las redes sociales y otros sistemas de difusión de datos e información en internet, indicó el sitio oficial del parlamento ruso.
La lista preliminar de sitios de la red de redes, cuyos propietarios pueden verse obligados a cumplir con la legislación, incluye 20 plataformas. Aunque se aclaró que el listado depende de cada momento y del avance de las TIC en el país.
Las nuevas regulaciones afectarán principalmente a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, entre otras compañías, algunas acusadas de no borrar contenidos prohibidos por la ley rusa o de bloquear contenidos de medios de comunicación del país.
También proveedores de alojamiento (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), tiendas en línea (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com) y Wikipedia.org.
El presidente de la Duma Eestatal, Viacheslav Volodin, señaló que la regulación de los gigantes de la tecnología de la información es una práctica legal común en muchos países.
En su opinión, las empresas extranjeras tuvieron la oportunidad de seguir el camino de la autorregulación, pero no la utilizaron, por lo que es necesaria una regulación legislativa, incluida la introducción de medidas coercitivas.
El proyecto de ley fue presentado a la Cámara Baja el 21 de mayo por un grupo de miembros del Comité de Política de Información de la Duma y el senador Alexei Pushkov. El documento recibió el apoyo del gobierno ruso, el Banco de Rusia y el Servicio Federal Antimonopolio.
mem/mml
