El desafío para el Gobierno es lograr un balance entre el alivio de una deuda colosal y la respuesta frente a un aumento del costo de la vida devenido en la mayor preocupación nacional.
Las cifras ilustran el complejo escenario para la primera ministra Elisabeth Borne y el ministro de Economía Bruno Le Maire, con una deuda que superó este año el listón de los tres billones de euros, más del 110 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) galo, y una inflación que cerró en agosto con una variación interanual del 4,8 por ciento.
En el centro de las inquietudes ciudadanas está la inflación del 11 por ciento en el ámbito alimentario, pero ya quitan el sueño a los franceses el aumento del costo de la gasolina y la cercanía del invierno.
Para analistas, los proyectos de leyes de financiación del Estado y de la seguridad social, que serán discutidos a partir de octubre en el Parlamento, pudieran representar el fin de la era del “cueste lo que cueste” de los últimos tres años, con no pocas voces que advierten sobre el riesgo de apelar a la austeridad.
Ahora que regresamos a la normalidad, quién entendería que continuemos gastando lo mismo con las dos grandes crisis detrás de nosotros (la Covid-19 y el alegado impacto energético de la guerra en Ucrania), una frase de Le Maire de hace unos meses asumida como el anuncio de lo que vendrá.
De hecho, ya el ejecutivo adelantó un ahorro de 16 mil millones de euros en su presupuesto, de ellos 10 mil millones que había destinado al escudo tarifario para proteger el bolsillo de los consumidores ante el alza dramático del precio de la electricidad y del gas.
Las iniciativas que llegarán en los próximos días al Parlamento, donde la batalla política durará hasta diciembre, recogen un pronóstico de crecimiento del PIB del 1,4 por ciento en 2024, tras el uno por ciento proyectado este año, y la disminución del déficit público de un 4,9 por ciento del PIB al 4,4.
Una vez en manos de la Asamblea Nacional a más tardar el primer martes de octubre, los diputados y senadores tendrán 70 días para revisar el presupuesto.
En el hemiciclo será difícil para el oficialismo pasar con éxito sus propuestas, ya que perdió en las elecciones legislativas de junio del 2022 su mayoría absoluta, quedando a merced de las concesiones y del malestar de la oposición por sus políticas, como la imposición de una impopular reforma de retiro, que extendió la edad de jubilación de 62 a 64 años.
A todas luces sobre la mesa está que la primera ministra Borne acuda una vez más al uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite la adopción de proyectos de ley esquivando el voto parlamentario.
Ya el año pasado el gobierno apeló a ese recurso que acentúa la polarización política en Francia, pero a menos que ocurra un milagro, desenfundarlo parece la única opción del ejecutivo, en medio de los pedidos del presidente Emmanuel Macron de pasar la página de la reforma de la jubilación.
oda/wmr
