De acuerdo con un reporte del noticiero estelar de la televisión cubana, los hechos ocurrieron cuando el acusado privó de la vida a su exmujer, con quien tenía un niño de dos años, y a su nueva pareja.
El imputado fue detenido en el acto y las pruebas testificales, documentales y periciales corroboran hasta el momento su participación en el hecho delictivo.
Según la presidenta de la sala primera de lo penal del tribunal provincial, Daylin Naranjo, los marcos sancionadores previstos para esta figura delictiva llegan hasta 30 años de privación de libertad e incluso establece la pena de muerte.
Naranjo aseguró que hoy los hechos no se quedan impunes, pues aunque algunos no hayan sido esclarecidos, continúa su investigación.
Ejemplificó que hay delitos como el asesinato que no prescriben, por tanto, en cualquier momento que se tengan todos los elementos de prueba documentales o testificales, se puede volver a juzgar a los actores del hecho en tribunales.
Las madres de las víctimas destacaron en el reporte televisivo la actuación de los fiscales, jueces y abogados y exigieron que cayera todo el peso de la ley sobre el detenido.
En tanto, el segundo jefe del departamento de la dirección de investigación criminal, Yoelkis Céspedes, subrayó que para el Ministerio del Interior constituye la máxima prioridad el esclarecimiento de los hechos contra la vida.
La nueva reforma jurídica y judicial en la nación caribeña reforzó la respuesta a estos casos, en correspondencia con la lesividad social que entraña la figura delictiva con empleo de violencia.
De igual forma, el código penal garantiza el rigor legal para quienes cometan delitos contra la vida e implementa sanciones más rigurosas frente a todos los actos de violencia de género, discriminación por razón de odio e identidad sexual, entre otros factores.
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