La propuesta fue aprobada el lunes último en el consejo de 50 miembros, donde el extremista Partido Republicano y la coalición de derecha Chile Vamos aprovecharon la mayoría para imponer polémicas enmiendas.
Entre estas figura la que atenta contra la legislación vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, peligro para la vida de la madre o inviabilidad fetal.
El texto también se opone a la negociación colectiva de trabajo, al derecho a huelga y la libertad sindical e intenta beneficiar a las instituciones de salud privadas que han convertido este servicio en un negocio.
Otro de sus puntos controvertidos es el que prevé beneficios para los presos condenados por delitos de lesa humanidad durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
En opinión de dirigentes políticos y sociales, la propuesta de carta magna es peor que la impuesta a sangre y fuego en tiempos de la dictadura.
Durante los últimos días varias organizaciones llamaron a votar en contra de este proyecto, entre ellas el Frente Amplio, integrado por Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social; así como el Partido Comunista, el Socialista y el Partido por la Democracia.
El texto será entregado en una ceremonia el 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric, quien deberá convocar a un plebiscito con voto obligatorio para el 17 de diciembre.
Hasta ahora la totalidad de las encuestas coinciden en la oposición de la ciudadanía a la propuesta de ley fundamental y el más reciente sondeo realizado por la firma Black and White otorga al rechazo el 56 por ciento, frente al 44 de la opción del apruebo.
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