Ante la cámara alta, en el Palacio de Luxemburgo, el funcionario consideró que la inmigración acompaña al cambio climático como los grandes desafíos del siglo, y se quejó de que sea menos abordada en los debates mediáticos.
Se trata de una cuestión de soberanía y también de seguridad, dijo el titular, quien defendió el derecho de Francia a establecer requisitos de acogida e inserción en su sociedad, en medio del reclamo de organizaciones humanitarias y de derechos humanos de apoyar a los seres humanos que huyen de conflictos y crisis.
De acuerdo con Darmanin, Europa ha lidiado con un aumento de la inmigración irregular y las demandas de asilo superior al 60 por ciento este año, aunque reconoció que las tres cuartas partes de los 110 millones de desplazados registrados por la ONU se encuentran en los países del Sur.
En su presentación de la iniciativa, el ministro del Interior manifestó que con la misma el gobierno responde a una preocupación de los franceses.
Ellos nos piden tomar decisiones y eso es lo que estamos proponiendo, con la voluntad de abrirnos a las discusiones para construir una ley firme, justa y eficaz, abundó.
Destaca la intención del ejecutivo de allanar el camino para las expulsiones de migrantes en condición irregular y para evitar que recursos legales permitan liberar a individuos que representen un peligro, ya sea en materia de terrorismo o de delincuencia.
La jornada inicial de debates ratificó que uno de los temas más polémicos del texto es el propósito de otorgar una visa renovable a los trabajadores sin papeles que laboran en profesiones “en tensión” por la falta de mano de obra.
Desde la derecha comenzaron los ataques a ese artículo, alegando que complicará aún más el problema, a lo que senadores como el ecologista Yannick Jadot respondieron con la acusaron de hablar sin base y de hacerle el juego a la ultraderecha.
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