Aún con el paso del tiempo, el horrendo acontecimiento vuelve a la memoria histórica de la nación como otra muestra de la perversidad de los imperios en decadencia, como el de España en 1871, que recibía golpes contundentes del Ejército Libertador cubano.
En ese contexto, la respuesta fue crear un clima de terror en toda la isla, sustentado en delaciones de supuestos hechos contra su gobierno, una de las cuales llevó al encarcelamiento, juzgamiento precipitado y ejecución sin miramientos de los jóvenes inocentes.
Los hechos comenzaron el 24 de noviembre de 1871 cuando un grupo de estudiantes, mientras aguardaban la llegada de su profesor, recorrieron el cementerio Espada de la capital colonial cubana, algunos jugaron con el carro que conducía cadáveres y uno tomó una rosa del camposanto.
Una delación del vigilante -mortificado por el “daño” a su jardín- acusaba falsamente a los muchachos de haber profanado la tumba del periodista Gonzalo Castañón, en vida predicador del exterminio de los cubanos y la repoblación de la isla con españoles.
Investigaciones históricas confirmaron no solo la falsedad de la imputación y la consabida inocencia implícita en los actos de aquellos adolescentes, sino de las injusticias que sobrevinieron para los 45 encarcelados.
Tras un primer Consejo de Guerra, que concluyó sin motivos para culparlos, unos fueron liberados y otros recibieron sanciones menores, pero era evidente la impotencia y la sed de venganza política de España por las derrotas militares contra las tropas independentistas en los campos de Cuba.
Entonces, el Cuerpo de Voluntarios español presionó para una segunda vista oral con otro tribunal que condenó a la pena máxima a cinco de los jóvenes encarcelados y a otros tres escogidos al azar.
Las indagaciones posteriores demostrarían que uno de estos últimos desafortunados ni siquiera se encontraba en La Habana el día de los acontecimientos.
La ejecución sumaria de los futuros médicos cubanos concitó rechazo dentro y fuera de la isla y de las filas españolas renunciaron a sus cargos los capitanes Nicolás Estévanez y Federico Capdevila, el abogado de oficio de los jóvenes acusados.
España hizo un amago de «mea culpa» ante el escándalo que suscitó su crueldad y separó de sus cargos –luego de una investigación- al capitán general de Cuba, Blas Villate, a su segundo al mando, Romualdo Crespo, y al gobernador político Dionisio López, principal instigador, promotor y culpable.
Como en cada aniversario del suceso, se prevé que los jóvenes estudiantes de medicina en Cuba realicen actos de homenaje a los caídos y denuncien también las atrocidades que cometen hoy todos los imperios.
jf/lld
