Garantizar la justicia y reparación a las víctimas es clave para evitar la repetición de estos hechos y facilita un entorno seguro para el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, aseguraron Clément Nyaletsossi y Morris Tidball-Binz, en un comunicado publicado aquí.
Desde octubre de 2019 a marzo de 2020 perdieron la vida unas 30 personas y miles resultaron heridas, entre ellas cerca de 400 con lesiones oculares o pérdida de la vista por el uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para reprimir las protestas.
La magnitud de las violaciones y la gravedad del daño infligido a los manifestantes, sugieren que no se trata de incidentes aislados y apuntan a la responsabilidad de mando, advierten los relatores.
El comunicado pide también a las autoridades regular el uso de la fuerza de acuerdo a las normas internacionales.
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