En un comunicado de prensa conocido hoy, la entidad indica que es inadmisible la medida “otorgada ilegalmente” por el ministro Javier Laynez Potisek en la que ordenó suspender la desaparición de esos instrumentos.
Por ello, presentó ante el máximo tribunal un recurso de reclamación contra la decisión de Laynez, “ya que el propio ministro reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales”.
La Consejería llamó además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a honrar la palabra dada por su presidenta, Norma Piña, de dirigir los 15 mil millones de pesos (monto en moneda nacional) acumulados en dichos fideicomisos para el apoyo a Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, afectados por el impacto del poderoso huracán Otis, categoría cinco.
El comunicado indica que, con su decisión, el ministro Laynez Potisek interpreta que destinar esos recursos a la reconstrucción de la zona devastada afecta a la ciudadanía.
Hace unas semanas, el Congreso de la Unión autorizó la extensión de esos 13 fideicomisos al modificar la Ley Orgánica del PJF, ante lo que legisladores de oposición tramitaron una acción de inconstitucionalidad que analizó y resolvió hace unos días el ministro Laynez, al suspender la desaparición de éstos.
Ante ello, la Consejería consideró que resulta lamentable que aun cuando el ministro se pronunció públicamente contra las modificaciones a la ley del PJF, no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad, “lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador”.
Agregó que no es extraño que de manera arbitraria haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, sin importar que la normativa disponga expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos las disposiciones transitorias.
Para justificar el otorgamiento de la suspensión, el ministro instructor señala que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, subraya el comunicado.
El texto añade que esto resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados,
Remarcó que en su determinación, Laynez “afirma indebidamente que los fondos de esos fideicomisos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional. Olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF”.
Además, el ministro consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer ‘inmune’ frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo.
rgh/lma
