El domingo más de 15 millones de personas irán a las urnas para pronunciarse a favor o en contra del proyecto de carta magna elaborado por un consejo donde el extremista Partido Republicano y la conservadora alianza Chile Vamos aprovecharon la mayoría para imponer polémicos artículos.
Uno de los más controversiales es el que plantea que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, lo cual puede dar el traste con la normativa que permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, peligro para la vida de la madre o inviabilidad fetal.
En una carta publicada recientemente, cinco rectoras de universidades expresaron su profunda inquietud por el rumbo que ha tomado el proceso constitucional.
La propuesta de ley fundamental significa un retroceso en derechos de niñas y mujeres, en paridad de género, derechos reproductivos y otros aspectos vinculados con la equidad y la justicia, anulando el largo trabajo y los logros como sociedad, advirtieron.
Las rectoras mencionaron en particular la enmienda que elevó la objeción de conciencia a rango institucional, lo cual puede llevar a entidades o personas a eludir el cumplimiento de leyes por motivos relacionados con su religión u otras razones.
¿Podrían las universidades discriminar matrículas para ciertos estudiantes amparadas en una objeción de conciencia institucional?, se preguntaron las máximas representantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Otro asunto que causa preocupación es el desplome de la legislación conocida como Papito corazón, que obliga a los hombres cuando se separan de su esposa a apoyar a hijos y entregar recursos a sus familias.
Opositores a la propuesta de carta magna afirman también que el texto no asegura la igualdad salarial entre hombres y mujeres y excluye los derechos de las personas LGBTIQ+.
Las encuestas publicadas aquí señalan que el proyecto podría ser rechazado en el plebiscito aunque no hay nada decidido hasta el 17 de diciembre.
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