Hace un mes el Senado, cámara controlada por los conservadores (Los Republicanos), adoptó una norma que reformó la iniciativa promovida por el gobierno, pero este mes una comisión de la Asamblea, donde están divididas las fuerzas, dio marcha atrás a varias de las decisiones y así dejar la mesa servida para tensas sesiones en el Palacio Borbón.
El oficialismo no cuenta desde el año pasado con la mayoría absoluta en la cámara baja, que en Francia tiene la última palabra en el ámbito legislativo, sin embargo, la primera ministra Élisabeth Borne puede recurrir en caso de bloqueo al polémico artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite aprobar leyes sin el voto parlamentario.
Borne y el promotor de la nueva ley de inmigración, el ministro del Interior Gérald Darmanin, expresaron que prefieren convencer a los diputados y someter al voto el proyecto, pero el 49,3 está sobre la mesa y fue empleado ya una veintena de veces por la primera ministra, pese a las críticas opositoras y las denuncias de postura antidemocrática.
Uno de los temas polémicos es la regularización de los trabajadores indocumentados que en suelo galo ejercen profesiones con una falta de mano de obra.
La versión inicial del gobierno favorecía este escenario con algunos requisitos, el Senado cambió totalmente el asunto dejándolo como una cuestión de excepcionalidades y la comisión de la Asamblea Nacional dejó la propuesta en un término considerado medio, aunque más cercano al criterio del ejecutivo.
Otro punto candente es la ayuda médica del Estado a las personas sin papel, eliminada por la cámara alta para proponer una asistencia de urgencia, medida revertida en comisión, prevaleciendo de momento la visión oficialista.
El texto también aborda la expulsión facilitada de los extranjeros incluidos en listas relacionadas con el terrorismo o la delincuencia, un tema atizado por recientes ataques terroristas en Francia.
Diversos análisis de especialistas y en la prensa estiman que el oficialismo no cuenta con los 289 diputados necesarios para lograr la adopción de su iniciativa, lo que implica negociar, a menos que decida acudir al 49,3 por ciento.
En el complejo panorama imperante, la extrema derecha y los sectores más conservadores buscan reforzar la postura que atribuye a los inmigrantes varios de los problemas del país, mientras desde la izquierda y los defensores de los derechos humanos piden una ley equilibrada y respetuosa de los derechos de las personas.
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