Presentada por los ecologistas, la moción de rechazo al texto recibió el respaldo de 270 diputados de los 535 que votaron en el oalacio Borbón, dos más que los necesarios para frenar las discusiones que promueve el Gobierno.
Para que la iniciativa lograra cortar el arranque de los debates en la Cámara Baja se dio la tormenta perfecta que el Ejecutivo confiaba en eludir: el voto conjunto de la izquierda (ecologistas, insumisos, comunistas y socialistas), de la extrema derecha (Agrupación Nacional) y de los conservadores (Los Republicanos).
El fracaso del oficialismo responde a las consecuencias de perder el año pasado la mayoría absoluta en la Asamblea, lo cual explica que la primera ministra Élisabeth Borne acudiera ya en una veintena de ocasiones al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar proyectos sin el voto parlamentario.
La izquierda y la derecha acompañaron la moción por razones muy diferentes, la primera porque busca una ley equilibrada y de respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, mientras los conservadores y la extrema derecha aspiran a la política de mano dura contra la inmigración.
En el Senado, dominado por Los Republicanos, se endureció el contenido de la ley, al eliminar la ayuda médica del Estado a los indocumentados, dejándola en una asistencia de urgencia, y al llevar al carácter excepcional la intención del ejecutivo de regularizar el estatus de los trabajadores sin papeles que se desempeñan en profesiones en las que falta mano de obra en suelo galo.
Este mes al analizar el documento en comisión de la Asamblea, en la antesala de las discusiones en el hemiciclo, los diputados dieron marcha atrás a varios de los cambios introducidos por los senadores de derecha.
La pregunta ahora es qué hará el gobierno, con un nuevo uso del polémico 49.3 en la palestra, pese a las críticas que implica y las acusaciones de conducta antidemocrática.
De acuerdo con la cadena BFM TV, se perfilan tres escenarios, que el oficialismo retire su proyecto, calificada de improbable, que convoque a una comisión mixta de senadores y diputados para buscar un texto de consenso y que devuelva la iniciativa al Senado, esto último tal vez preferido por la derecha y la extrema derecha.
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