La mayoría de las organizaciones políticas, obreras, campesinas, y estudiantiles integran las protestas ante la nueva institución, dotada de “superpoderes” sobre los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el seguro social del país, lo cual atenta en especial contra jubilados y empleados, publica el diario ABC Color.
Los manifestantes, que culpan dentro del Legislativo al llamado “cartismo” (partidarios del expresidente Horacio Cartes, de filiación oficialista) por la aprobación de la iniciativa, protagonizaron vigilias previas en parte de los 17 departamentos, incorporadas luego a la movilización global tras la votación por mayoría de la Cámara Alta en favor del proyecto.
Las protestas capitalinas abarcan áreas aledañas del propio Congreso, de la Plaza de los Héroes y de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, espacios donde se espera aumenten los manifestantes tras las convocatorias de sus respectivos sindicatos y entidades de distintas tendencias.
Los sectores incorporados a las manifestaciones, recrudecidas por la detención de 31 sindicalistas del sector energético, son los Sindicatos de la Administración Nacional de Electricidad, la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Asunción, Federación de Educadores, camioneros y Estudiantes por el Boleto Universitario.
Las formaciones políticas desplegadas contra la decisión parlamentaria son los partidos Paraguay Pyahurã, Fuerza Común, Participación Ciudadana, Juventud Revolucionaria Febrerista, Brigadas solidarias, la universitaria Corriente Estudiantil Democrática y la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri.
Muchos de los jubilados y trabajadores protestan desde el 6 de diciembre contra el proyecto de ley cuyo debate inició entonces el Legislativo para crear la Superintendencia de Pensiones, sin considerar antes la opinión de dichos sectores.
Las movilizaciones exigen desde ese día a los parlamentarios abstenerse de aprobar la nueva entidad, pues ello “será algo lamentable para el Gobierno y para todo el país porque profundizará la actual crisis”, alertó en aquel momento la presidenta de la Confederación de la Clase Trabajadora, Maria Estela Silva.
De acuerdo con medios de prensa, la reacción contraria de esos sectores ante las facultades que tendrá la Superintendencia de Pensiones sobre el IPS responde a que esta última entidad es la responsable de la administración del seguro social correspondiente a vastos sectores.
El IPS, según el Decreto Ley 1860 del 1 de diciembre de 1960 por el que fue creado, protege la salud de los trabajadores asalariados y considera que «es función propia del Estado asegurar al ciudadano los medios que le pongan a cubierto de los azares de la vida en lo que respecta a enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo y otros».
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