Se trata del último recurso para evitar que la iniciativa sea abandonada, como quiere una parte del país, en particular en la izquierda, o permitir que retorne consensuada al Senado y la Asamblea Nacional para su debate, a menos que el ejecutivo decida a última hora apelar una vez más al polémico artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite aprobar proyectos sin el voto parlamentario.
El lunes triunfó una moción de rechazo a la norma que endurece el tratamiento a la inmigración en Francia, revés del oficialismo, que ya no tiene la mayoría absoluta en el hemiciclo, propiciado por una rarísima unidad de acción de la izquierda, la extrema derecha y los conservadores, aunque lógicamente cada fuerza por razones bien distintas.
Como resultado, el gobierno optó por convocar a la comisión mixta paritaria, que tendrá la difícil misión de conseguir un texto de equilibrio, considerando el dominio en ese órgano de la derecha.
Según el diario Le Figaro, la composición de diputados y senadores quedará con cinco parlamentarios conservadores (Los Republicanos), idéntica cantidad de oficialistas, tres de la izquierda (dos socialistas y un insumiso) y uno de extrema derecha (Agrupación Nacional).
Los conservadores, mayoría en el Senado, transformaron en la cámara alta el proyecto del ejecutivo, al eliminar la ayuda médica del Estado a los indocumentados, sustituyéndola por una de urgencia, y al restringir sobremanera la intención de regularizar la situación de los trabajadores sin papeles de profesiones con falta de mano de obra en Francia.
No caben dudas de que el éxito de la comisión pasa por un acuerdo conservadores-oficialismo, con la ventaja para los primeros, ya que él único texto disponible es el aprobado en el Senado, porque la moción de rechazo exitosa, presentada por los ecologistas, frenó en seco los debates en la Asamblea Nacional.
Anoche, el presidente Emmanuel Macron abogó por el diálogo constructivo y por un proyecto consensuado que pueda someterse al voto parlamentario antes del fin del año.
Asimismo, declaró que no quiere acudir al 49.3 para salvar la visión gubernamental, pero está por ver si cambiará de opinión en caso del fracaso de la comisión que sesionará el lunes.
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