La norma dirigida a endurecer el tratamiento a la inmigración genera polémica y división en el país, con los conservadores y la extrema derecha empeñados en un texto más agresivo, la izquierda favorable a su retirada y el Ejecutivo pujando para salvar una propuesta lo más equilibrada posible.
En la comisión mixta participan siete senadores y siete diputados, cinco de Los Republicanos (conservadores) e idéntica cantidad de oficialistas, fuerzas que negocian al parecer relegando a los otros parlamentarios, dos socialistas, uno de La Francia Insumisa y uno de Agrupación Nacional (extrema derecha).
Las discusiones tienen como base el documento adoptado por el Senado, donde domina la derecha tradicional, la cual votó un proyecto mucho más agresivo que el gubernamental, eliminando la ayuda médica del Estado a los indocumentados y llevando a su mínima expresión el objetivo de regularizar la situación de personas que trabajan en puestos con déficit de mano de obra.
El debate en la Asamblea Nacional fue frenado en seco por una rarísima y efímera unidad de acción entre la izquierda, los conservadores y la ultraderecha, obviamente por motivaciones distintas.
Ante el fracaso, el presidente Emmanuel Macron optó por convocar a la comisión mixta paritaria, con la expectativa de alcanzar una ley antes de que termine el año, descartando de momento la criticada opción de acudir al artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite aprobar iniciativas sin el voto parlamentario.
No se sabe a ciencia cierta si habrá un consenso en los próximos días, ya que el ministro del Interior y principal impulsor del texto, Gérald Darmanin, comentó que están más cerca de un acuerdo que de un desacuerdo, pero el líder conservador en el Senado, Bruno Retailleau, afirmó que “no podemos decir que hay un acuerdo”.
De adoptarse la nueva ley una cuestión parece segura, la posibilidad de expulsar de manera rápida del territorio francés a las personas consideradas muy peligrosas para la sociedad, como los vigilados por terrorismo o los delincuentes, una opción que la derecha quiere ampliar a otras categoría, por ejemplo a quienes se les niegue el asilo.
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