Desde que parecía inminente el pacto en la comisión mixta paritaria con la que el oficialismo buscaba salvar su iniciativa, consciente de las concesiones que tendría que hacer a la derecha, comenzaron las críticas y las acusaciones contra el ejecutivo de ceder a la visión más reaccionaria acerca del asunto de la inmigración.
Para el líder de los socialistas, Olivier Faure, el presidente Emmanuel Macron aceptó convertirse en una tribuna de Agrupación Nacional (extrema derecha), pese a que fue elegido para bloquearla.
Tanto en 2017 como el año pasado, Macron superó en el balotaje a Marine Le Pen aupado por las diversas fuerzas políticas francesas, agrupadas en torno a un llamado frente republicano.
Faure apeló a la conciencia de los diputados, en particular de los oficialistas, para impedir en la Asamblea Nacional la adopción de una norma bastante cercana de la aprobada en el Senado, dominado por los conservadores, y lejos de la presentada por el gobierno, que ya era cuestionada por su objetivo de imponer la mano dura frente a los migrantes.
Según diversos reportes, dentro de las filas del gobierno, tanto ministros como legisladores, hay malestar por el texto marcadamente inclinado hacia la derecha, al punto de que Le Pen, enemiga jurada de Macron, lo declaró una “victoria ideológica” de Agrupación Nacional y adelantó que sus diputados votarán a favor en el hemiciclo.
El proyecto establece el delito de estancia irregular, sancionado con una multa, endurece los tiempos para aspirar al apoyo social a los extranjeros residentes, limita la intención gubernamental de regularizar a las personas “sin papeles” que trabajan en puestos con déficit de mano de obra en Francia y recoge la rápida expulsión de quienes son un riesgo en terrorismo o delincuencia.
Asimismo, el ejecutivo se comprometió a “revisar” la Ayuda Médica del Estado a los indocumentados, que los conservadores buscaban eliminar sustituyéndola por una asistencia de urgencia, y ofreció la apertura antes de 2026 de varios campos de detención de inmigrantes.
También la máxima dirigente de los ecologistas, Marine Tondelier, instó en las redes sociales al concurso de los “diputados humanistas” para frenar la iniciativa, al opinar que si finalmente es aprobada, representará un giro político drástico.
Su correligionaria Sandrine Rousseau estimó que deberían tener vergüenza los miembros de Renacimiento, partido gobernante.
Por su parte, el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, denunció un texto inspirado en la extrema derecha, opacando los valores fundamentales de la República.
Desde La Francia Insumisa convocaron a “la insumisión” contra la ley de inmigración, y su jefa de bancada en la Asamblea, Mathilde Panot, anunció la introducción de una moción de rechazo al proyecto.
También decenas de asociaciones que apoyan a los migrantes y defienden los derechos humanos reaccionaron ante el acuerdo de la comisión mixta.
Entre los criterios vertidos está la consideración de que la norma, que deberán votar en la tarde-noche el Senado y la Asamblea Nacional, es “la más regresiva de los últimos 40 años.
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