Sin sorpresas, la iniciativa materializada esta tarde en una comisión mixta paritaria obtuvo en la cámara alta 214 parlamentarios a favor y 114 en contra, dejando la escena lista para su voto en la Asamblea Nacional, donde abundan las tensiones.
El proyecto es considerado una concesión del ejecutivo a las posturas más radicales de la derecha hacia la inmigración, con restricciones de la asistencia social a extranjeros, en particular en el alojamiento, la recuperación del delito de estancia irregular y las limitaciones en la regularización de los indocumentados que trabajan en puestos con escasa mano de obra.
Asimismo, contiene restricciones del derecho de suelo (a la nacionalidad para los hijos de extranjeros que nacen en Francia) y a la reunificación familiar y contempla facilidades para expulsar del país a personas sin un estatus regular que representan una amenaza en materia de terrorismo y delincuencia.
Por si fuese poco, el gobierno se comprometió a “revisar” la Ayuda Médica del Estado a los indocumentados, que los conservadores buscaban eliminar sustituyéndola por una asistencia de urgencia, y ofreció la apertura antes de 2026 de varios campos de detención de inmigrantes.
En la Asamblea Nacional el proyecto de nueva ley de inmigración encontrará un escenario complejo, porque para el oficialismo no es positivo que la extrema derecha (Agrupación Nacional) apoye el texto, además de que en las filas del partido gobernante Renacimiento varios diputados adelantaron que no votarán a favor de la iniciativa.
Se da por descontado que la izquierda (insumisos, socialistas, ecologistas y comunistas) rechazará la norma, la cual consideran un guiño a la ultraderecha en su cruzada contra los migrantes.
El presidente Emmanuel Macron convocó a sus colaboradores a una reunión de urgencia en el Palacio del Elíseo, en la que habría decidido mantener el voto en la Asamblea, en otras palabras: descartó retirar la ley.
Respecto al anunciado voto favorable de la ultraderecha, Macron habría solicitado que se repita la deliberación del Parlamento si es esa fuerza política la que inclina la balanza hacia la adopción.
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