En el plebiscito del 17 de diciembre, al que fueron convocados 15,4 millones de personas, el voto “en contra” se impuso ampliamente por 55,76 por ciento, casi 12 puntos por encima del “a favor” (44,24).
La propuesta de carta magna fue impulsada por el extremista Partido Republicano, en alianza con la coalición de derecha Chile Vamos, que aprovecharon la mayoría absoluta en el Consejo Constitucional para aprobar polémicos artículos.
Todo ello apoyado por una de las campañas más agresivas registradas aquí durante los últimos años, donde sus promotores recurrieron a la violencia, el odio, la xenofobia y las mentiras para imponer un texto a su medida que no generó consenso en la sociedad.
En la recta final, la oposición llegó incluso a tratar de confundir a la población, al convertir la consulta sobre la ley fundamental en un referendo sobre la gestión del Gobierno, encabezado por Gabriel Boric.
“Si Boric vota en contra, Chile vota a favor”, decía uno de los lemas de la campaña de los defensores de la propuesta.
Frases agresivas y vulgares como “Que se jodan”, fueron utilizadas por los creadores de la franja televisiva del “a favor” como un objetivo publicitario.
Al final, el gran perdedor de la jornada fue el Partido Republicano y su líder, el excandidato presidencial José Antonio Kast, así como la derecha, que le sirvió de vagón de cola.
El proyecto, rechazado de manera transversal en 13 de las 16 regiones del país, contenía puntos muy polémicos como el que protege la vida de “quien” está por nacer, lo cual significaba la posible eliminación de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo por inviabilidad fetal, peligro para la vida de la madre o violación.
Otros asuntos controversiales eran la suspensión del pago de las contribuciones por la primera vivienda, que beneficiaba a los más ricos y afectaba los fondos para las comunas; la eliminación del derecho a huelga y el otorgar rango constitucional a los seguros privados de salud y pensiones.
El referendo constituyó un fracaso para los sectores conservadores, pero también demostró el cansancio de la ciudadanía hacia la clase política, según coincidieron en señalar analistas.
Después de la consulta, el Gobierno presentó esta semana el informe final sobre el Pacto Fiscal, el cual contempla el aumento de pensiones, elevar el gasto en salud y destinar más recursos para la seguridad.
Avanzar en los temas prioritarios, como reclama la población, no dependerá solo del Ejecutivo, sino también de la oposición en el Congreso.
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