En total se prevén al menos una treintena de manifestaciones, en esta capital y en ciudades como Angers, Burdeos, Grenoble, Nimes, Rennes, Saint-Etienne y Tours, en muchos casos desafiando temperaturas congelantes.
Si bien se esperan a decenas de miles de personas en avenidas y calles del país, las mayores concentraciones y marchas pudieran materializarse el próximo domingo, tras el llamado realizado por 200 personalidades del mundo asociativo y gremial.
Los dos principales sindicatos, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), invitaron a rechazar la norma el 21 de enero, aunque seguramente tendrán representación hoy.
El objetivo de las protestas es denunciar una ley que no es la Francia de la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, la de vivir juntos en la cotidianidad, señaló la secretaria nacional de la CGT, Sophie Binet.
De acuerdo con la dirigente, la iniciativa adoptada el mes pasado tras un pacto entre el oficialismo y los conservadores refleja un país del discurso de odio, la estigmatización y la confrontación.
Ambas jornadas de movilizaciones tendrán lugar antes de que el Consejo Constitucional se pronuncie el 25 de enero sobre el apego o no de la ley de inmigración y sus artículos a la carta magna, el último paso previo a la promulgación por el presidente Emmanuel Macron.
El texto genera polémica al ser considerado por la extrema derecha una victoria ideológica, con medidas como la imposición de un depósito de garantía a estudiantes extranjeros para poder ser aceptados en universidades de Francia.
También restringe la reunificación familiar, la regularización de trabajadores indocumentados y el apoyo a quienes residen legalmente, por ejemplo en materia de alojamiento, y llama a reformar la Ayuda Médica del Estado a personas “sin papeles”, beneficio que la derecha quiere eliminar.
Las de este domingo serán las primeras marchas que enfrente el nuevo primer ministro Gabriel Attal desde su llegada al cargo el pasado martes.
El gobierno defiende la iniciativa, aunque acepta que algunas de sus medidas no son de su agrado y pudieran ser contrarias a la Constitución, pero los conservadores estaban en ventaja a la hora de negociar.
En el Senado, la derecha tradicional (partido Los Republicanos) utilizó su dominio para cambiar el proyecto presentado por el ejecutivo, endureciéndolo, mientras en la Asamblea Nacional las diversas fuerzas opositoras se unieron en una rara maniobra para adoptar una moción de censura que impidió debatir el documento en la cámara baja.
Como resultado, el gobierno convocó a una comisión mixta paritaria con el texto del Senado como base, en la que se logró el acuerdo que luego fue votado por ambas cámaras, pese al rechazo de la izquierda.
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