‘El primer mes de LUMA Energy ha sido un desastre: apagones constantes, fluctuaciones de voltaje que han producido fuegos y otros daños, y falta de comunicación, entre otras fallas graves, por lo que es evidente que no estaba preparada para tomar control del sistema eléctrico de Puerto Rico’, reclaman.
Además, la corporación privatizadora de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico carece de la fuerza laboral experimentada que se necesita, mientras el gobierno federal planifica entregarle el manejo de más de 14 mil millones de dólares para restaurar el endeble sistema eléctrico.
Como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Grijalva tiene injerencia en los asuntos de esta isla del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde hace 123 años, por lo que sindicatos y entidades comunitarias y ambientales piden investigar el contrato otorgado al consorcio canadiense-estadounidense.
‘Reclamamos una investigación del Congreso sobre las graves deficiencias de la empresa LUMA que ponen en peligro vida y propiedad y sobre cómo obtuvo este contrato’, indicaron en una carta a Grijalva.
En la misiva también insisten en cómo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asegurará que los fondos federales realmente se usen para mejorar y transformar el sistema eléctrico para el beneficio del pueblo y no para beneficiar a LUMA Energy.
En la actualidad FEMA es la aseguradora de la AEE, desde que los huracanes Irma y María devastaron a este país en septiembre 2017, incluido gran parte del sistema eléctrico.
‘LUMA le ha faltado al respeto a la Legislatura de Puerto Rico, obligándola a acudir a los tribunales para que proporcione información sobre cuántos empleados de línea tiene la empresa, donde se encuentran sus centros de llamadas en Puerto Rico, entre otra información básica’, establecieron en su carta.
Entre las preocupaciones planteadas al congresista Grijalva por las organizaciones está conocer la razón por la cual la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington a Puerto Rico, apoya este contrato, que ha aumentado los costos para el gobierno y no promueve objetivos de energía renovable.
Además, cómo LUMA Energy, consorcio desconocido, ganó el contrato para operar la red de Puerto Rico contra otros licitadores con mayor experiencia en la gestión de sistemas eléctricos.
Entre las entidades firmantes de la misiva están la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, Cambio, Coalición de Organizaciones Antiincineración, Comité Diálogo Ambiental, El Puente, Sierra Club de Puerto Rico y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
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