El 9 de febrero fueron revocadas las penas de entre 10 y 15 años de cárcel que pesaban contra Ernesto Llaitul, Ricardo Reinao, Nicolás Alcaman y Esteban Henríquez, por supuesta vinculación con un homicidio frustrado y un ataque incendiario.
La Corte solicitó repetir el juicio, en tanto la defensa pidió un cambio cautelar para los imputados, de manera que pudieran esperar en libertad el nuevo proceso, lo cual fue denegado por el Tribunal Oral de Los Ángeles bajo el argumento de ser un peligro para la sociedad.
La abogada defensora Josefa Ainardi lamentó que se escogieran principalmente las argumentaciones de la Fiscalía y de la parte querellante.
“Se vislumbra el sesgo racial que siempre hemos alegado y que es parte de todo este engranaje de las instituciones del Estado, no solamente de los tribunales o las fiscalías”, aseguró Ainardi en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
Según Ainardi, se trata de una idea preconcebida que tienen todos estos órganos y que se materializa a través de este tipo de decisiones.
La letrada también lamentó la negativa a aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el cual fue ratificado por Chile en 2009.
rgh/car
