Según una nota de prensa de la Procuraduría General, los fiscales actuantes pidieron a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenar a 10 años de prisión al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, más el pago de 200 salarios mínimos.
Asimismo, para Conrado Pittaluga los fiscales reclamaron siete años y cinco para el ex senador Tommy Gálan, el expresidente del Senado Andrés Bautista y para Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados, además de obligarle a pagar 200 salarios mínimos cada uno.
Además, dentro de las conclusiones, el grupo de fiscales planteó que le fueran decomisados a favor el Estado los cientos de bienes millonarios de los seis imputados, ente ellos apartamentos, cuentas bancarias en dólares y pesos, certificados de inversión, bonos y otros tipos de productos financieros.
A partir de mañana corresponderá a la defensa de los implicados hacer sus conclusiones y peticiones de descargos a las juezas que componen el tribunal, y serán los abogados de Rondón los primeros en usar el estrado.
La etapa de las defensas concluirá el 16 de septiembre y en ese momentos las juezas pasarán a deliberar para decidir si los acusados son inocentes o culpables de los cargos que se les imputa.
Los implicados en el caso Odebrecht son juzgados por recibir sobornos de parte de la constructora brasileña para la adjudicación de obras del Estado por un valor de 92 millones de dólares.
La empresa llegó a un acuerdo con la Procuraduría por el que deberá pagar a este país 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.
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