En conferencia de prensa, Pérez abundó sobre el impacto de una reciente resolución emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, la cual permite crear mejores condiciones para la concertación de precios y la contratación que se realiza a los productores.
Ello, según explicó, a partir de reconocer los actuales costos como consecuencia de las limitaciones económicas del país por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a lo largo de más de seis décadas, los efectos de la Covid-19 y la crisis económica mundial.
Se trata de flexibilizar, innovar y eliminar trabas en la comercialización, procesos en los que todos, tanto la gestión estatal como no estatal (privados), están llamados a participar en igualdad de condiciones, enfatizó.
Dicha resolución deja sin efecto el límite de crecimiento de los precios de productos agropecuarios, así como los centralizados y mayoristas con destino al consumo social, dietas médicas y sistema de atención a la familia.
De esa manera se reconoce que los precios del productor se correspondan a los costos actuales, sin que ello afecte al sistema minoristas de las referidas dietas y lo dispuesto para el sistema de atención a la familia y los comedores obreros.
En este sentido, la titular de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, subrayó que si bien se elimina el tope en el precio, esto no menoscaba las facultades de las autoridades competentes para determinar o establecer precios minoristas, así como el enfrentamiento a la especulación o personas inescrupulosas.
Igualmente insistió que pese a las dificultades mencionadas, el país busca favorecer a la población, sobre todo en cuanto a los alimentos.
En abril pasado el gobierno cubano aprobó un paquete de 63 medidas, de las cuales 30 fueron consideradas de máxima y otras de carácter inmediato, con vista a estimular la producción de alimentos en la nación.
Entre estas resaltan la decisión de bajar las tarifas eléctricas y de agua a los campesinos, disminuir el precio a los piensos nacionales y los bioproductos, así como garantizar la comercialización de carne bovina.
También se admitió que los productores de ganado menor vendan de forma directa las carnes en la red minorista, en moneda nacional o en divisa.
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