Al respecto la profesora auxiliar del Derecho Internacional Público de la Universidad de La Habana, Desireé Llaguno, considera que la aplicación de sanciones a terceros resulta una política habitual de la política exterior estadounidense, de la cual Cuba resulta un blanco sostenido por más de seis décadas.
La experta asegura que para ello Washington ejerce el bloqueo contra la isla antillana en el propósito declarado de cambiar el sistema económico, político y social socialista los cubanos refrendaron en su Constitución.
Para implementar el cerco a la vecina nación Washington construyó ‘una compleja y copiosa madeja de leyes, órdenes ejecutivas y presidenciales, memorandos, notificaciones, proclamaciones y determinaciones que implementan un complicado sistema de sanciones desde hace 62 años’, dijo en entrevista con Prensa Latina.
Ello provoca una convergencia de normas de diferente naturaleza y alcance, y sobre todo de mecanismos múltiples para su modificación, terminación y abrogación según sea el caso, que no permite en ningún caso la eliminación automática integral de esa política de cerrojo, subraya la jurista.
Llaguno menciona leyes estadounidenses que son parte del arsenal de acoso a Cuba: Ley de Comercio con el Enemigo de 1917), Ley de Asistencia Exterior de 1961, Ley para la Administración de las Exportaciones de 1979, Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli de 1992, Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas o Ley Helms-Burton de 1996.
Siguen la Sección 211 de la Ley de Asignaciones Suplementarias y de Emergencia para el año fiscal 1999, y la de Reforma a las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000. De forma indirecta, puntualiza la jurista, se aplican otras legislaciones a las que remiten las normas previamente señaladas.
Estos instrumentos jurídicos se convirtieron en un mecanismo para mantener la misma política de estrangulamiento hacia Cuba, independientemente de la visión de los inquilinos que pudieran sucederse en la Casa Blanca, apunta la miembro de la Sociedad de Derecho Internacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Y subraya que en particular la Torricelli y la Helms Burton ‘son ejemplos de libro de lo que significa la violación de los principios de igualdad soberana y de no intervención en los asuntos internos de un Estado, contemplados por el Derecho Internacional como normas de obligatorio cumplimiento’.
Al respecto argumenta que Estados Unidos destina normas de su ordenamiento interno para legislar sobre la vida comercial, política, electoral, y demás de otra nación en similar situación jurídica internacional.
Con ello, refiere la profesora universitaria, esa potencia deja claro con sanciones y otras consecuencias cuál será el tratamiento a otros Estados que no asuman los dictados de Washington como propios de su política exterior .
Así está en la letra de la ley Torricelli (1992) y en el llamado al resto de los países a valorar que su comercio con Cuba se alineara a las restricciones impuestas por disposiciones internas estadounidenses, so pena de no ser elegibles para fondos de ayuda económica, beneficios o reducciones de la deuda externa.
También cuando limita las rutas comerciales de navieras y compañías mercantiles a partir de prohibiciones de tocar puertos de Estados Unidos luego de 180 días de hacerlo en terminales portuarias cubanas, explica Llaguno.
Y añade que la Helms-Burton, aprobada en 1996, ‘superó con creces la posición injerencista hasta el momento asumida por Washington’.
Argumenta que esa legislación tipifica limitaciones al comercio, a la realización de transacciones , a los viajes hacia y desde la isla, restricciones de la compraventa de propiedades en las que Cuba o nacionales cubanos tengan interés, y todas aquellas que puedan seguir implementándose por otras normativas.
‘Resulta una norma que describe cómo debe implementarse un cambio de gobierno en Cuba, cual continuidad de la ignominiosa Enmienda Platt'(1901)con la que Estados Unidos maniató la soberanía e independencia cubanas, dijo.
En la Helms Burton se otorgan en 75 ocasiones prerrogativas al Presidente de Estados Unidos intrusivas con el desenvolvimiento político cubanoy respecto a las relaciones internacionales de la isla.
Entre esas franquicias -subraya la jurista- el mandatario estadounidense será quien certifique que en Cuba existe un gobierno elegido democráticamente.
Y concluye: las leyes Torricelli y Helms-Burton buscan eliminar toda forma de sustento económico a Cuba y pretenden legalizar la intervención en sus asuntos internos.
Describen, además, las acciones supervisadas por el presidente estadounidense para cambiar el sistema político que los cubanos legitimaron en las urnas.
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