Según el portavoz de la Policía de Johannesburgo, Wayne Minnaar, el flujo de tráfico era normal en toda la ciudad.
Los uniformados, detalló, se mantienen desde anoche en alerta máxima vigilando centros comerciales y las principales vías de circulación.
La autopista N3, que enlaza la central provincia de Gauteng y la sur oriental KwaZulu-Natal, que se anunció como uno de los escenarios fundamentales de las protestas previstas, permanece en calma con tráfico fluido, según Thania Dhoogra, administradora de la estación de peaje de esa via.
Acorde con reportes policiales, más de cinco mil 500 agentes del orden y soldados fueron desplegados en las calles de Gauteng en puntos clave como ministerios, y carreteras, instalaciones de agua, combustible y electricidad, posibles objetivos de los disturbios, como medida de precaución.
La víspera la Estructura Nacional Conjunta de Operaciones e Inteligencia (NatJoints) anunció que las fuerzas de Seguridad de Sudáfrica fueron puestas en estado de ‘alta alerta’ ante amenazas de un ‘cierre nacional’.
NatJoints sostuvo estar al tanto de ‘mensajes incendiarios’ difundidos en varias plataformas de redes sociales que abogan por generar la violencia.
El ente de Seguridad advirtió a quienes están detrás de esos llamados pidiendo entre otras cosas la renuncia del presidente Cyril Ramaphosa, que incitar a la violencia constituye un delito.
En el comunicado de prensa la institución recuerda que Sudáfrica todavía se encuentra en el Nivel de Alerta 3 por Covid-19, y, en consecuencia, se pide el máximo cumplimiento de las vigentes regulaciones y protocolos de salud.
Entre otras medidas sanitarias en vigor, actualmente las reuniones al aire libre están limitadas a 100 personas.
El pasado mes de julio miles de manifestantes salieron a las calles de varias regiones de Sudáfrica para exigir –inicialmente- la liberación del expresidente Jacob Zuma, encarcelado para cumplir una pena de 15 meses por desacato a un tribunal anticorrupción.
Días más tarde, las protestas se tornaron en saqueos masivos y actos de vandalismo.
Según cifras reveladas por el gobierno, se registraron más de 118 incidentes de violencia pública, incendios provocados, saqueos y otras acciones relacionadas con las revueltas, en las cuales perdieron la vida más de 300 personas.
La policía reveló asimismo que se causaron grandes daños a 161 centros comerciales, 11 almacenes, ocho fábricas y se saquearon 161 establecimientos expendedores de licores.
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