El viceministro de Comunicaciones Ernesto Rodríguez comentó al diario Granma que la normativa estaba prevista en el cronograma legislativo de la nación caribeña e implementa la política aprobada sobre estos asuntos.
Rodríguez sostuvo que la legislación respalda el derecho de las personas a acceder en condiciones de igualdad y asequibilidad a todos los servicios públicos de telecomunicaciones/TIC, y a recibirlos con calidad, un trato eficiente, equitativo y no discriminatorio.
Asimismo, garantiza el cumplimiento de los principios de inviolabilidad y privacidad de las telecomunicaciones y de los datos personales.
Al mismo tiempo, el decreto ley refiere el deber de los ciudadanos de impedir que estos servicios sean utilizados para atentar contra la seguridad y el orden del país, transmitir informes o noticias falsas, en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros, o como medio para cometer actos ilícitos.
Dichos elementos responden a lo previsto en la carta magna, acotó el viceministro, y enfatizó que ninguno de los deberes incluidos en la nueva normativa limita la libertad de expresión.
De acuerdo con el funcionario, el decreto ley respalda la informatización de la sociedad, en tanto se necesita una infraestructura robusta y en desarrollo para pensar en el incremento de la conectividad y de los servicios, y aprovecha la experiencia en el desarrollo de las telecomunicaciones en el ámbito nacional e internacional.
Significó que es coherente con las definiciones del Servicio Universal de Telecomunicaciones, que declara determinados servicios como un derecho de los clientes, independientemente de su ubicación geográfica.
Rodríguez precisó que decenas de países tienen leyes de este tipo, mientras que Wilfredo López, director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, detalló que para su elaboración consultaron legislaciones de Bolivia, España, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Venezuela, fundamentalmente.
De igual forma, también tuvieron en consideración las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones.
Antes de la entrada en vigor del decreto ley 35, las regulaciones vigentes en Cuba sobre el tema estaban contenidas en tres decretos leyes y ocho decretos, pero según López ninguna abarcaba de forma general las telecomunicaciones/TIC y el uso del espectro radioeléctrico.
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