Ayer entró en vigor en este país una norma que exige estar vacunado a todo el personal de los establecimientos sanitarios y sociales del país, lo que generó la baja laboral de unas tres mil personas que aún no se habían administrado el antídoto, a las que se sumaron unas docenas de dimisiones, añadió el titular del sector en declaraciones al canal RTL.
Estamos hablando de un colectivo de 2,7 millones de empleados, pero se ha garantizó la continuidad de la atención, matizó Véran.
Por el momento estas suspensiones son temporales y afectan esencialmente al personal de los servicios de apoyo en hospitales, residencias de ancianos, cuidadores privados, ayudas a domicilio, bomberos y conductores de ambulancias.
Muchos de ellos decidieron vacunarse, al ver que la obligación era una realidad, dijo Véran, pero quienes no demuestren contar con la primera dosis o haber pasado la enfermedad recientemente no podrán seguir ejerciendo sus actividades, según la ley.
Datos de Sanidad Pública de Francia (SpF) señalan que el 89,3 por ciento del personal empleado en las residencias para personas mayores dependientes recibió al menos una dosis de la vacuna hasta el 12 de septiembre.
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