El llamado, lo hizo en una intervención pública desde la sede del gobierno provincial, ante presidentes de juntas parroquiales, concejales, asambleístas, dirigentes barriales y representantes de la ciudadanía en general.
«La única arma que podemos tener es la democracia y nosotros, a prepararnos, porque vamos a enfrentar la recuperación de la patria en las urnas, sin violencia», recalcó la funcionaria, quien se acaba de reincorporar a dirigir la gobernación, tras 72 días detenida, luego de ser acusada de supuesta rebelión contra el gobierno, durante las protestas sociales efectuadas en octubre pasado, en rechazo a medidas económicas de corte neoliberal, dispuestas por el ejecutivo.
Pabón, quien podrá enfrentar la investigación en su contra en libertad y en pleno cumplimiento de sus funciones, gracias a la revocatoria de prisión preventiva, dictaminada por la jueza Patlova Guerra, el pasado 24 de diciembre, pidió a sus seguidores no albergar odio ni sentimiento de venganza, porque son militantes de la vida, de la paz y de la democracia.
Tras reiterar el pedido de unidad y organización, advirtió: «Queremos un Ecuador en democracia y con justicia, no un país paralizado, dividido y en caos. Buscamos el bienestar y libertad para el pueblo”.
La prefecta insistió en que es inocente del delito por el cual está sometida a indagación, junto al secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, y el activista Christian González, también liberados junto a Pabón, después de dos meses de encierro.
«Regreso con la fortaleza de haberme sentido respaldada por todos ustedes y por el pueblo de Pichincha durante estos 72 días que estuve, de manera injusta, presa”, aseguró la prefecta a su llegada al Consejo Provincial de Pichincha.
En sustitución de la prisión preventiva, Pabón debe presentarse periódicamente ante la corte, tienen prohibición de salida del país y debe portar siempre un grillete electrónico, que funciona como localizador.
La defensa de los tres investigados insiste, por su parte, en que no hay elementos para juzgarlos por el delito de rebelión.
Para muchos, el caso se enmarca en una trama de persecución política contra exfuncionarios del expresidente Rafael Correa y defensores de la llamada Década Ganada (período de 2007 a 2017, que incluyen las dos gestiones del exmandatario), opuestos a decisiones tomadas por su sucesor, Lenin Moreno.
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