El grupo de trabajo, con 76 personalidades de la cultura, la esfera científica, económica, cultural y otras, deberá recoger todas las propuestas y preparar la redacción de las enmiendas que serían llevadas a una consulta, antes de su aprobación por el Parlamento.
De acuerdo con el comité para asuntos de estatidad y legislación de la Duma (cámara baja rusa), Pavel Krashennikov, los grupos de iniciativa y los diputados ya presentaron, además, propuestas de enmiendas concretas, todo lo cual deberá ser analizado en ese órgano parlamentario, acotó.
Ello incluye dos enmiendas para cambiar el preámbulo de la Carta Magna, otras para modificaciones en el primero y segundo capítulo, tres para variar puntos relacionados con las garantías sociales y sobre el estatus del Consejo de la Federación (senado), subrayó el diputado.
Además, existen propuestas de enmiendas para concretar el estatus del Consejo de Estado, integrado por los gobernadores de las divisiones administrativas de Rusia, los representantes presidenciales en los distritos federales y algunos exgobernadores designados por Putin.
Hay otros cambios, claro está, vinculados a las prerrogativas presidenciales y los requisitos para ser elegido como jefe de Estado, aclaró Krashennikov.
Esta jornada también se conoció sobre la firma por el presidente ruso de un decreto para la extensión del programa federal conocido como capital materno, que funciona desde 2007. La medida consiste en un pago único por cada segundo bebé nacido en la familia.
A partir de este año se pagará también por el primogénito. En ese caso, serán 466,617 rublos (unos siete mil 581 dólares), mientras que por el segundo, el estado ofrecerá un pago adicional de otros 150 mil rublos (dos mil 437 dólares), por encima de la cifra antes mencionada.
Putin sugirió en su intervención del pasado día 15, ante las dos cámaras de la Asamblea Federal, las condiciones para asumir el cargo de jefe de Estado.
En ese sentido, indicó que el Presidente deberá ser una persona con una residencia permanente en Rusia de al menos 25 años y de ninguna forma podrá contar con otra ciudadanía extranjera antes o después de ser elegido en ese cargo.
Además, la designación de los jefes de las llamadas carteras de la fuerza el estadista la deberá consultar con el Senado.
El mandatario también propuso que el Senado pueda destituir a jueces del Tribunal Supremo (TS) y del Constitucional (TC), y deberá dar el visto bueno a los fiscales regionales.
A su vez, el TC podrá determinar la constitucionalidad de las legislaciones y, en caso necesario, rechazar su aprobación.
De igual forma, el jefe de Estado se pronunció por fijar en la Constitución las obligaciones del Gobierno de mantener un salario mínimo igual o superior al nivel de pobreza y de incrementar anualmente la jubilación.
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