Stone –que conocerá su sentencia en una audiencia programada para el jueves- fue condenado en noviembre por siete cargos de delito grave, incluida la manipulación de un testigo y mentir bajo juramento para obstruir una investigación del Congreso.
La pesquisa estaba anexada con una supuesta colusión de la campaña de Trump con Rusia para influir en las elecciones de 2016.
Los comentarios de los consejeros, no identificados por el diario The New York Times, ocurrieron el mismo día que el gobernante republicano conmutó la sentencia de 14 años de prisión del exgobernador demócrata Rod R. Blagojevich de Illinois.
La exautoridad fue condenada esencialmente por tratar de vender, en beneficio personal, el escaño vacante del Senado del presidente Barack Obama.
Con este movimiento, el jefe de la Casa Blanca libraría a Blagojevich de la prisión sin anular la condena, una decisión que los republicanos aconsejaron que no tomara porque el delito que cometió es «la personificación de la corrupción» que afirmó combatiría durante su mandato.
La decisión ocurrió el mismo día en que perdonó a Edward J. DeBartolo Jr., un antiguo propietario de los San Francisco 49ers (fútbol americano) que se declaró culpable en 1998 de ocultar un intento de extorsión y que finalmente renunció a la propiedad del equipo.
Respecto a la eventual conmutación para Stone no causaría asombro. Desde un primer momento Trump expresó su parcialidad con su cercano colaborador y en la red social Twitter llegó a plantear que hasta habría que pedirle perdón.
«Es una situación horrible. Los verdaderos crímenes estuvieron al otro lado. No se puede permitir este fallo judicial», escribió Trump cuando supo que la petición fiscal para Stone era de entre siete y nueve años de cárcel.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr decidió rescindir la recomendación original de pena para Stone atendiendo –aunque lo niega- la solicitud de Trump.
Esta interferencia política ha levantado buena polvareda en Washington. La Asociación de Jueces Federales convocó una reunión de emergencia para discutir el asunto.
Desde el domingo, más de dos mil exempleados del Departamento de Justicia han firmado una carta abierta pidiendo la dimisión de Barr, y expresando el apoyo a los cuatro fiscales que renunciaron al caso.
Las maniobras del fiscal general “desafortunadamente hablan más fuerte que las palabras”, subrayó la misiva.
«Esas acciones, y el daño que han hecho a la reputación del Departamento de Justicia por su integridad y el estado de derecho -enfatizaron-, requieren que el señor Barr renuncie».
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