El Gobierno cubano mantiene transparencia ante los organismos internacionales sobre el enfrentamiento a la trata, y recibe el reconocimiento mundial por su cooperación en el campo de la salud.
Así ocurre en estos tiempos de pandemia de Covid-19, cuando más de tres mil 700 colaboradores cubanos han viajado a 38 países y territorios a combatir la enfermedad, a solicitud de esos gobiernos.
La obra humana en favor de la vida desarrollada por esos profesionales despierta admiración en todo el mundo, y cada día se suman más firmas a la petición del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al contingente internacional Henry Reeve.
Esa solidaridad es la que el pasado junio Estados Unidos catalogó como trata de personas, al incluir a la mayor de las Antillas en la peor ubicación (nivel tres) en el informe anual del Departamento de Estado sobre ese tema.
Lo hace precisamente para intentar aplastar el prestigio de las misiones médicas, denuncian diplomáticos cubanos, e ignorar la voluntad política del Gobierno para prevenir y enfrentar la trata en cualquier manifestación, así como para proteger a las víctimas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo este 30 de julio que combatir ese delito precisa de cooperación y no de listas e informes unilaterales, algo de lo que Cuba conoce porque sostiene vínculos internacionales para acometer acciones.
Ello fue ratificado a inicios de este julio en el Diálogo Interactivo con la Relatora Especial sobre Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas, en el 44 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
En ese Diálogo, el diplomático cubano Jairo Rodríguez explicó que la isla colabora e intercambia información con las organizaciones pertinentes, incluida la Interpol, el sistema de las Naciones Unidas y los organismos homólogos de países europeos y de América.
El canciller cubano también ha señalado que su nación tiene un “desempeño ejemplar” ante el fenómeno, sustentado en un Plan de Acción Nacional sobre la trata de personas (2017-2020), que es su herramienta fundamental en los esfuerzos conjuntos del Estado y la sociedad civil.
En ese empeño se unen instituciones como la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular, los ministerios de Educación y de Trabajo y Seguridad Social, así como la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, entre otras.
El informe de la nación caribeña sobre el enfrentamiento a este delito en el 2019, divulgado en enero de este año, afirma que en su territorio no existen redes criminales organizadas.
En tanto, durante 2019 el país tuvo una baja incidencia, con 15 casos juzgados por delitos con rasgos típicos de trata de personas, de los cuales 12 correspondieron a la modalidad de trata con fines de explotación sexual.
Fueron identificadas 25 víctimas, de ellas 10 mujeres, ocho niñas, un niño y seis hombres; y se mantuvo la atención especializada a quienes fueron afectados en años anteriores, así como a aquellos que se encuentran en situaciones potenciales de mayor vulnerabilidad.
Cuba cuenta con diversos instrumentos jurídicos vigentes que permiten el enfrentamiento al flagelo y las conductas asociadas a este, como el proxenetismo, la pornografía y prostitución infantil, todo lo cual es coherente con el espíritu de la Convención de Palermo, sus Protocolos y otros instrumentos internacionales.
La Constitución de la República, por ejemplo, entre otros aspectos reconoce el derecho al trabajo y prohíbe la labor de niños, niñas y adolescentes, además de establecer entre las funciones del Estado la de garantizar la igualdad en el disfrute y ejercicio de los derechos de las personas.
Asimismo, el Código Penal agrupa varios delitos relacionados con conductas que pueden vincularse directamente, que van desde la mención explícita del proxenetismo y trata de personas, hasta la corrupción de menores y la venta y tráfico de estos, entre otros.
Del mismo modo, la Ley de Migración protege a las niñas, niños y adolescentes durante el proceso de obtención de pasaportes y su salida del país.
Nada de eso, sin embargo, es reconocido por el Departamento norteamericano de Estado, que en medio de su intensa campaña de descrédito contra la colaboración del personal sanitario cubano en el mundo, alega supuestas violaciones en su tratamiento y pago.
Cuba, por su parte, rechaza este informe elaborado de forma unilateral y cuestiona su legitimidad sobre la base de la ausencia de los organismos internacionales que intervienen en el tema.
La subdirectora general para EE.UU. de la Cancillería cubana, Johana Tablada, al referirse al asunto afirmó que Washington cumple objetivos netamente políticos y engañosos, utilizando dicho informe y las sanciones que pueden derivarse de sus resultados como un arma de agresión contra otros Estados.
No es casual entonces que entre los nueve países que según la Casa Blanca se encuentran en el nivel más grave por no hacer lo suficiente para combatir dicho crimen se encuentren Nicaragua, Venezuela, China, Irán, Rusia y, por supuesto, Cuba.
Estados Unidos es reconocido internacionalmente como uno de los centros de destino del tráfico humano, con el establecimiento de redes criminales bien organizadas para ello, y también es cuestionado el procesamiento legal a los traficantes, que se considera bajo.
Lo admitió el propio Departamento de Estado, al presentar el informe del 2018, donde señaló que el país debe mejorar en la ayuda a las víctimas y el ataque al trabajo forzado, en particular dentro de su territorio, pues la mayor parte de los casos se dan en empleos sencillos como los domésticos.
Romina Canessa, abogada de derechos humanos y oficial de programas de equipo para el fin de la trata sexual, de la organización no gubernamental Equality Now, declaró a los medios que actualmente no hay una estimación oficial del número de víctimas en Estados Unidos ni datos confiables.
Quizá el Departamento norteamericano de Estado debería enfocarse más en su situación interna, una oportunidad que se abre especialmente este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata.
arb/ool/kmg
*Periodista de la Redacción Nacional de Prensa Latina
