El dato fue constatado por el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Edmundo Moncayo.
Ante la Comisión de Soberanía, Seguridad y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, presidida por el legislador Fernando Flores, el funcionario precisó que la mayoría de los casos pertenecen al Centro de Rehabilitación Social de Ambato, ciudad ubicada en
Moncayo también especificó que se han realizado cuatro mil pruebas, especialmente a quienes presentan sospecha de estar infectados con la nueva cepa de coronavirus.
Al respecto, consideró que la enfermedad respiratoria se contuvo en las cárceles de esta nación andina con apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de médicos, enfermeras, insumos y fármacos.
La situación carcelaria nacional también fue tratada ante los parlamentarios por otros funcionarios del sector como Orlando Jácome, subdirector de Rehabilitación Social del SNAI, quien habló de la violencia en esas instituciones.
Jácome detalló los hechos registrados el 3 de agosto último, cuando una riña entre bandas dejó 11 fallecidos y cerca de una veintena de heridos en la penitenciaría de El Litoral, en la ciudad de Guayaquil.
Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que la situación delictiva registrada en las cárceles, y, específicamente, en la Penitenciaría del Litoral, responde a un problema integral, el cual debe ser solucionado en el mediano y largo plazo.
Ese y otros hechos que terminaron con varias muertes en diferentes prisiones llevaron al presidente de la república, Lenín Moreno, a declarar estado de excepción en el sistema penitenciario, por segunda ocasión.
Al respecto, la titular informó que la Policía Nacional, según el artículo cuatro del Decreto Ejecutivo, reforzará el control interno de las cárceles, así como la seguridad de los perímetros, para precautelar y garantizar la vida, así como la convivencia de los privados de la libertad.
De ser el caso, los agentes del orden intervendrán, en estricto respeto a la normativa y declaratorias de Derechos Humanos, enfatizó Romo.
Las denuncias a la labor del gobierno en el sistema penitenciario son múltiples, no solo por la violencia, sino también or las condiciones de las instituciones y el hacinamiento al cual están sometidos los reos, cuya población es de alrededor de 40 mil privados de la libertad.
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