La disposición obliga en la práctica al ejecutivo de esta comunidad autónoma (región), controlado por la oposición de derecha, a confinar a los más de tres millones de habitantes de esta capital y de otros nueve municipios circundantes.
Esta decisión fue acordada la víspera en una reunión del ministro español de Sanidad, Salvador Illa, con sus homólogos de las 17 regiones del país europeo, competentes en materia de salud.
Sin embargo, la administración conservadora de Madrid, territorio con el mayor índice de transmisión del virus en Europa, consideró que el acuerdo carece de validez jurídica al no haber sido aprobado por consenso.
La orden publicada este jueves en el BOE afirma que las medidas son de obligado cumplimiento para todas las autonomías, incluso para aquellas que votaron en contra como Madrid, y concede un plazo de 48 horas para implementarlas tras su notificación formal.
Pese a su rechazo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declaró hoy que cumplirá “de manera estricta” la resolución del Ejecutivo español, pero avisó que la llevará a los tribunales para “defender los intereses legítimos de los madrileños”.
El acuerdo alcanzado la víspera contempla restricciones a la movilidad en los municipios de más de 100 mil habitantes con incidencia de la Covid-19 superior a los 500 casos en las últimas dos semanas.
Una tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos de más del 35 por ciento, y una positividad en pruebas PCR de detección de más del 10 por ciento, son otros de los criterios contemplados para establecer los confinamientos perimetrales.
Pautas que se dan en la capital y en la mayor parte de la región de Madrid, donde el ministro calificó la situación de muy preocupante, con tasas de incidencia en algunos puntos de más de mil casos por cada 100 mil personas.
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