Así trascendió en esta semana cuando, como parte del V periodo ordinario de sesiones del parlamento insular, vieron la luz las cuatro nuevas leyes: del servicio exterior, de organización y funcionamiento del consejo de ministros, de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular, y del presidente y vicepresidente de la República.
Los días 26 y 27 de octubre, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular plantearon dudas y sugirieron modificaciones a las propuestas de leyes, reunidos por primera vez de forma virtual de acuerdo con las medidas sanitarias adoptadas frente a la Covid-19.
En la sesión ordinaria del día 28, que contó con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el general de Ejército Raúl Castro, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, señaló la necesidad de acelerar la nueva estrategia económica y social de la mayor de las Antillas.
Ello, apuntó, en el escenario marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero ejercido por la Casa Blanca contra Cuba, y el impacto del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2.
Un mayor control, potenciar el ahorro de divisas y portadores energéticos, simplificar procesos administrativos, facilidades para exportar e importar, y el impulso a un sector empresarial más fuerte, son ahora indispensables, aseguró el jefe de Estado.
Durante el periodo ordinario de sesiones de la IX legislatura del parlamento, 20 nuevos diputados tomaron posesión de sus cargos, y se conoció el informe de la liquidación del presupuesto del 2019.
Mientras esto sucedía, desde Washington entraba en el Registro Federal, este 27 de octubre, una medida que elimina el alcance de ciertas autorizaciones generales relacionadas con el envío de remesas al país caribeño, que entraría en vigor 30 días después.
En síntesis, la disposición prohíbe enviar dinero a Cuba por medio de la empresa financiera de la isla Fincimex y la firma vinculada American International Services (AIS), y pone fin a los 407 puntos de pago de la estadounidense Western Union distribuidos por todo el país.
En un reciente comunicado, Fincimex precisa que Washington quiere hacer creer que las remesas no se interrumpirían si la mayor de las Antillas aceptara la imposición del gobierno norteamericano de establecer una red de pagos diferente a la actual.
Al respecto, explica que en el plazo fijado de 30 días es imposible implementar las condiciones de infraestructura, capacitación del personal, integración tecnológica y de procesos logísticos necesarios para lograr una red de pago capaz de sostener el envío de remesas.
También en estos días, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y la propia Fincimex, denunciaron que la aplicación de medidas coercitivas por parte de Estados Unidos y el ataque a las remesas están dirigidos a dañar a las familias de la isla caribeña.
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