La medida, anunciada por una nota de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros con fecha 2 de febrero y publicada este miércoles, incluye también al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), lo que supone la emisión de una licencia dentro de las sanciones unilaterales de Washington contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Están autorizadas todas las transacciones y operaciones que involucran al Ejecutivo venezolano prohibidas por la orden ejecutiva 13.884 del 5 de agosto de 2019, que de manera ordinaria son incidentes y necesarias para las actividades o el uso de puertos y aeropuertos en ese país, señala el texto.
De esa forma, las autoridades emitieron la licencia 30A, que permitirá llevar a cabo acciones que involucren al INEA o cualquier entidad que este posea para posibilitar las operaciones portuarias y aeroportuarias ‘ordinarias’, algo que estaba prohibido anteriormente.
La nueva licencia no autoriza, sin embargo, ninguna transacción o actividad relacionada con la exportación de diluyentes, claves para que Venezuela pueda procesar su crudo pesado, así como ninguna transacción con personas o entidades objeto de sanciones impuestas por la Casa Blanca.
El documento emitido por el Departamento del Tesoro aclara que esta licencia general no permite a ningún exportador relacionado con Venezuela el cumplimiento de las reglamentaciones impuestas por otras agencias federales, en particular del Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.
De hecho, esta es la primera medida tomada por la administración del presidente Joe Biden, que asumió el cargo el 20 de enero, relacionada con el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra la nación suramericana, arreciado por el gobierno de Trump.
No obstante, el expresidente Barack Obama (2009-2017) firmó en marzo de 2015 una orden ejecutiva que declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Con ese pretexto, Washington anunció en esa ocasión sanciones contra altos funcionarios de organismos de seguridad de la nación suramericana, que según la Casa Blanca se trata de un procedimiento ‘legal normal’ ya usado contra otros países como Irán, Siria o Birmania, entre otros.
Esta aseveración fue rechazada en su momento por las autoridades de Caracas, que la calificaron como un pretexto para seguir adelante con las acciones agresivas estadounidenses contra el pueblo de ese país, abrir el camino para arreciar las medidas coercitivas y crear condiciones para una eventual acción de fuerza.
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