El integrante de la Comisión Ciudadana, José González, estableció que la Contraloría carece de los mecanismos para hacer una auditoría forense de la deuda pública de esta isla del Caribe, que supera los 73 mil millones de dólares.
‘La Oficina del Contralor no cuenta con las herramientas para hacer una auditoría forense de la deuda, como se necesita, porque su experiencia ha sido con auditorías de cumplimiento’, reiteró el contador público autorizado.
González, catedrático en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR), resaltó que la contralora Yesmín Valdivieso se ha expresado en contra de realizar este procedimiento, dirigido a determinar su legalidad.
El gobernador Pierluisi sometió en la víspera su primer paquete de medidas legislativas, incluida una resolución conjunta dirigida a auditar las acreencias del Estado Libre Asociado y sus corporaciones desde 1952 hasta el año 2016, cuando se declaró la bancarrota fiscal del Gobierno insular.
La determinación a mediados de 2016, durante la administración de Barack Obama, conllevó la legislación federal Promesa y la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), dirigida a controlar el gasto público, aunque desde entonces este organismo se ha pagado 30 millones de dólares en asesoría legal.
González mencionó que, mientras se anuncia esta medida, La Fortaleza, sede ejecutiva, y la Aafaf Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico apoyan que la JSF someta un Plan de Ajuste de la Deuda ante el tribunal federal, que persigue reestructurar, no cancelar, las acreencias del gobierno central.
La abogada Nylca Muñoz, también integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, destacó que hay un conflicto de intereses con el Ministerio de Justicia, ya que en su momento certificó la legalidad de las deudas y muchas fueron en violación de la Constitución de Puerto Rico.
‘La auditoría de la deuda significa asignar responsabilidad y dar respuestas a todas las acciones y omisiones que nos llevaron a la peor crisis fiscal en la isla y la quiebra más grande bajo la jurisdicción de Estados Unidos’, anotó Muñoz.
Otra deficiencia del proyecto de ley es el escaso presupuesto que se asigna para auditar 70 años de deuda con solo un millón de dólares, cuando la Comisión creada por Ley tenía un presupuesto de cinco millones en gastos y la JSF pagó a Kobre & Kim 16 millones por estudiar apenas un puñado de emisiones.
La Comisión Ciudadana surgió a raíz de que al inicio de 2017 el gobernador Ricardo Rosselló, expulsado por un levantamiento popular en julio de 2019, eliminó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 del 2015.
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