La propuesta, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley, fue elaborada por las legisladoras de la bancada de la Revolución Ciudadana Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga y contó con el respaldo de 39 parlamentarios.
Entre las causales del enjuiciamiento consta que el titular rehusó designar un inspector de trabajo para verificar el pago de indemnización de empleados de las empresas Flopec EP y Explocem, quienes perdieron sus puestos de enero a junio de 2020 y aseguraron no haber recibido ese beneficio.
También pesan en su contra incumplimientos al no proporcionar acceso a la información pública al Observatorio Ciudadano de discapacidad, salud pública, trabajo y derechos humanos, así como congelar el salario básico unificado de 2021 en los 400 dólares establecidos para 2020.
Asimismo, el pedido se basa en la falta de registro inmediato de la prohibición de ejercer cargo público a la exministra de Gobierno María Paula Romo, después de la censura y destitución dispuesta por la Asamblea Nacional, lo cual viola las leyes orgánicas de la Función Legislativa y la de Servicio Público.
La calificación a trámite del juicio político fue aprobada, por unanimidad, en sesión de la Comisión en la que participaron 10 legisladores.
A partir de ese paso corren los tiempos del cronograma de la diligencia, que comenzará con la receptación de las pruebas de cargo, descargo y comparecencias solicitadas por las partes.
Entre los primeros convocados a comparecer están las acusadoras, Holguín y Aguiñaga, quienes deberán presentar los argumentos que sustentan la solicitud.
Seguidamente asistirán a la sede del Parlamento representantes del Comité de Empresa de Explocen C.A., exempleados de esa compañía y miembros de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores y el Frente Unitario de Trabajadores.
Según indicó un boletín de prensa de la Asamblea Nacional, aún resta por definir la fecha y hora para recibir las pruebas de descargo del ministro de Trabajo.
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