En la instalación del foro, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, abogó por la eliminación del castigo capital y señaló que este genera sufrimiento físico y mental.
Asimismo, alertó sobre la aplicación arbitraría y discriminatoria de la pena de muerte, con su particular impacto en los pobres, los marginados, los económicamente vulnerables, las minorías étnicas y religiosas, los extranjeros, los indígenas y los discapacitados.
Bachelet expresó motivación por la tendencia global al abolicionismo de este tipo de condena y pidió a los países que la aplican tener en cuenta su utilización solo ante crímenes que impliquen el asesinato intencional y tras el apego al debido proceso.
Los participantes coincidieron, al margen de sus posturas, en el derecho humano a la vida y en los desafíos enfrentados por los Estados, desde el terrorismo hasta la delincuencia y en la importancia de castigar a los responsables de crímenes.
Durante el panel intervinieron representantes de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales, que defendieron la eliminación de la pena capital desde el argumento de la inexistencia de pruebas científicas para demostrar que funcione como un elemento disuasivo.
En ese sentido, abundaron los llamados a moratorias en las naciones que la mantienen dentro de su legislación, al debate sobre el tema con los diversos actores de la sociedad y al liderazgo colectivo en el tema.
Por su parte, países como Arabia Saudita e Irán, donde se aplica el máximo castigo ante crímenes, recordaron que cualquier análisis debe respetar el derecho de los Estados a contar con sus propios sistemas judiciales, enmarcados en las leyes nacionales.
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