Convocado por el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, junto a otras organizaciones, el espacio se transmitirá a partir de las 10:00, hora local, por la página de Facebook del Movimiento, y será otra oportunidad para reclamar la devolución del territorio cubano ocupado hace 118 años.
Durante más de un siglo, son muchas las voces que dentro y fuera de la nación caribeña han referido la ilegalidad del enclave militar, amparados incluso por convenciones internacionales que condenan el ‘recurso a la amenaza o al uso de la presión’ para el establecimiento de convenios.
La Enmienda Platt, el apéndice constitucional que los cubanos se vieron obligados a aceptar en 1901 para poner fin a la ocupación militar estadounidense que desde 1899 vivía el país, fue en este caso el elemento coercitivo.
Su letra forzaba a la isla a vender o arrendar terrenos para bases navales y carboneras; de ahí que el acuerdo firmado el 16 de febrero de 1903 por los presidentes de Cuba, Tomás Estrada Palma, y de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que dio lugar a la estación, no pueda verse como el fruto de una negociación legítima.
La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Tratados, celebrada en Viena en 1969, aprobó una Declaración sobre la Coacción Militar, Política o Económica en la Celebración de Tratados, en la cual rechazan los casos como el de la base naval estadounidense en Guantánamo.
Su existencia coincide también con lo que el artículo 42 de la IV Convención de La Haya (1907) define como un territorio ocupado ilegalmente: aquel ‘bajo la autoridad o control efectivo del ejército enemigo’.
Otras claves para entender la violación que entraña la persistencia en el tiempo de este fenómeno, las ofrece el investigador cubano Elier Ramírez en un artículo publicado en Cubadebate.
Apunta que si bien en 1934 se abrogó la Enmienda Platt, sus postulados relativos a las tierras para carboneras o estaciones navales quedaron asegurados en el nuevo convenio firmado ese año entre Cuba y Estados Unidos.
Dicho tratado establecía la vigencia de la base en tanto las partes no se pusieran de acuerdo para la modificación o abrogación de las estipulaciones de lo suscrito en 1903.
Añadía que, mientras la nación norteña no abandonara el enclave, o los dos Gobiernos acordaran una modificación de sus límites actuales, seguiría teniendo la misma extensión territorial.
De esa manera, se despojaba a Cuba de la posibilidad de poner fin al contrato, una potestad que solo quedaba en manos de la administración norteamericana.
Por otro lado, la famosa abrogación de la Enmienda Platt quedaba convertida en una farsa gracias al nuevo convenio, pues como explica la investigadora Olga Miranda en su trabajo ‘Vecinos Indeseables. La base naval de Guantánamo’, ‘abrogar una legislación es enteramente destruirla’; pero ello no ocurrió en este caso.
El historiador Elier Ramírez señala además que el acuerdo de 1903, al otorgar a Estados Unidos jurisdicción y señorío completo sobre las tierras arrendadas, ha violado el principio de integridad territorial consagrado en las constituciones cubanas desde 1901 a la actualidad.
Agrega que universalmente se considera que los tratados sin término tienen valor mientras duren las circunstancias del momento de su celebración; mas ‘Cuba hace mucho que no es una neocolonia yanqui’ y, por tanto, ninguno de los tratados de ese período debería tomarse como válido, precisa Ramírez.
La permanencia de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo califica incluso como un acto de colonialismo, refiere el experto basado en la resolución No.1514 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960.
Todos estos argumentos son defendidos por los cubanos en el escenario internacional y por personas solidarias, quienes no han cesado de reclamar la devolución del territorio ocupado ilegalmente.
A ello se suma la condena de las actividades desarrolladas en ese enclave por el gobierno estadounidense, que desde 2002 convirtió sus instalaciones en una prisión denunciada como centro de tortura.
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