En ese sentido, comparecieron ante el equipo de legisladores Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, quienes impulsaron la solicitud, avalada por 38 asambleístas.
De inicio, Holguín explicó cada una de las causales de juicio político al encargado de la cartera de Estado llamada a defender los derechos de los trabajadores y que en el último año permitió el aumento del desempleo a niveles nunca antes vistos, además de facilitar la firma de acuerdos de finiquito ‘con liquidaciones de miseria’.
‘Este es el juicio de los trabajadores’, aseguró Holguín.
Añadió que en el caso del conflicto laboral de la Empresa de explosivos Explocen C.A., el ministro no cumplió con la ley, para garantizar el derecho a huelga de los trabajadores y permitió acciones como la militarización de la compañía a fin de desalojarla, lo cual puso en riesgo la seguridad de los obreros.
La parlamentaria acotó que también Isch faltó a la Constitución al negar el acceso a la información al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, en pleno escándalo por la entrega ilegal de carnés de discapacidad y solicitar la entrega de requisitos que no están contemplados en la norma.
Por su parte, Aguiñaga hizo referencia a la falta de registro inmediato de la prohibición de ejercer cargo público de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, tras la censura y destitución dispuesta por la Asamblea Nacional.
En cuanto a no fijar el nuevo Salario Básico Unificado para el año 2021, congelado en 400 dólares (establecido en 2020), subrayó que la norma contenida en la Disposición Transitoria Vigesimoquinta establece claramente la revisión anual del sueldo básico con carácter progresivo hasta alcanzar el pago digno, según lo dispuesto en las leyes.
Incluso, advirtió que el titular emitió un Acuerdo Ministerial, el cual cambia la metodología para el cálculo del salario y deja abierta la posibilidad de una reducción de ese rubro, sin asidero legal alguno.
Como colofón de la sesión, los legisladores aprobaron mociones presentadas por los asambleístas Mónica Brito y Esteban Melo, para convocar al experto Pablo Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, al inspector del Trabajo Byron Cabrera, al Director del Trabajo de Quito y al árbitro a cargo del tema del conflicto en Explocen.
Pidieron además citar ante la Comisión de Fiscalización a exdirectores del Instituto Nacional de Estadística y Censos, así como a un funcionario del Observatorio de la Dolarización y a una trabajadora desvinculada durante el período de maternidad.
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