El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) precisó que las acciones tuvieron lugar en los Centros de Privación de Libertad (CPL) Guayas número 4 y Cotopaxi número 1, escenarios en los últimos días de enfrentamientos entre reclusos, con un saldo de decenas de muertos.
Asimismo, añadió que en la operación participaronmiembros de las Unidades Tácticas Preventivas de la Policía Nacional, quienes frustraron la fuga de 14 reos en la cárcel 4, donde, además, fueron reubicadas en sus celdas 152 personas privadas de la libertad.
Según el informe, anoche los agentes requisaron el lugar y decomisaron armas de fuego y otras de fabricación artesanal, así como teléfonos celulares, entre otros objetos prohibidos por el sistema carcelario,los cuales quedaron en custodia de las autoridades pertinentes.
El SNAI enfatizó que frente a lo incidentes ocurridos desplegó un contingente del Grupo Especial Alpha, con la finalidad de apoyar al personal policial.
Además, apuntó, miembros de las Fuerzas Armadas resguardan los perímetros de los centros penitenciarios antes mencionados.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno dispuso la activación permanente de Comités de Seguridad, principalmente en las gobernaciones de Azuay, Guayas y Cotopaxi, provincias afectadas por la ola de actos violentos registrados el pasado martes en cuatro cárceles, que derivaron en al menos 80 fallecidos y varios heridos.
La crítica situación desatada de manera simultánea es considerada por muchos como la peor masacre en los CPL, en la historia de Ecuador.
El SNAI atribuyó los amotinamientos y disturbios en penitenciarías de esas tres provincias a rivalidades entre bandas que intentan tener el control de esas instalaciones.
Además de las reyertas en las cárceles número 1 y 4 de Guayaquil (Guayas), con seis y 31 decesos, respectivamente; el Servicio de Prisiones dio cuenta de otras nueve muertes violentas en Latacunga (Cotopaxi) y 34 en El Turi (Azuay), para un saldo final de 80 fallecidos.
La crisis en los penales provocó numerosas críticas a la gestión del Gobierno a nivel nacional e internacional, así como demandas de solucionar de manera expedita la situación interna de esas instituciones, caracterizadas por el hacinamiento y malas condiciones de infraestructura y servicios.
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