Las autoridades de Caracas declararon la víspera persona non grata a la embajadora del bloque, Isabel Brilhante Pedrosa, y le otorgaron un plazo de 72 horas para abandonar el territorio nacional, en respuesta a la imposición de nuevas medidas coercitivas contra 19 funcionarios del Estado venezolano.
El nuevo paquete de sanciones adoptado por el Consejo de Asuntos Exteriores del ente regional, comprendió a integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento), el Tribunal Supremo de Justicia y el poder electoral, como represalia por los recientes comicios legislativos.
El organismo comunitario consideró que las elecciones parlamentarias de diciembre último incumplieron con los ‘estándares democráticos’, a pesar de contar con el visto bueno de cientos de observadores internacionales, quienes validaron su transparencia y legitimidad.
‘Venezuela tiene dignidad y sabrá responder a las agresiones vengan de donde vengan’, afirmó al respecto el mandatario Nicolás Maduro, quien desestimó la postura injerencista de la Unión Europea e insistió en un llamado a rectificar esa política hostil.
En tal sentido, el jefe de Estado señaló que antes del anuncio de las nuevas acciones punitivas su dieron avances significativos ‘con un país de Europa para restablecer el diálogo con sectores de la oposición’.
Además de confirmarse la expulsión de la embajadora de la UE, el Gobierno bolivariano emplazó también a representantes diplomáticos de Alemania, Francia, España y los Países Bajos, por considerar a esas naciones como promotores de las nuevas sanciones.
En encuentro celebrado en la sede de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, instó al bloque europeo a cumplir un rol constructivo para Venezuela y América Latina, en base al respeto a los pueblos libres y las leyes internacionales.
‘Si la Unión Europea y sus Estados miembros quieren reconstruir los puentes de comunicación con Venezuela, saben que siempre nuestro gobierno tenderá sus manos para que efectivamente podamos hacerlo’, apuntó el canciller Arreaza.
El 29 de junio de 2020, el presidente Nicolás Maduro dio un lapso de 72 horas a la embajadora Brilhante Pedrosa para abandonar el país, debido a la recurrente política injerencista del bloque en los asuntos internos del país sudamericano.
La decisión quedó sin efecto en esa ocasión tras una conversación telefónica entre el canciller Arreaza y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quienes coincidieron en la necesidad de mantener las relaciones diplomáticas.
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