El cierre de vías, por parte de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris, es el paso inicial de la movilización permanente anunciada el pasado 26 de febrero, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió parcialmente el recuento de 31 de las más de 20 mil actas electorales con supuesta inconsistencia, presentadas por líderes indígenas.
Desde el partido Pachakutik, la demanda es a favor de su candidato presidencial Yaku Pérez, quien insiste en que hubo fraude para perjudicar su paso a la segunda vuelta comicial, prevista el 11 de abril próximo.
En consecuencia, desde esta mañana hay reportes de bloqueo en algunas carreteras, como la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en la parroquia Tarqui (provincia Azuay).
De acuerdo con el anuncio de Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), la paralización será progresiva, al tiempo que hay un llamado a vigilia permanente.
Quienes defienden a Pérez estiman que si las urnas se reabren y el CNE realiza un nuevo cómputo, podrán comprobar fraude y un número considerable de votos a favor de su líder.
Sin embargo, después de la evaluación realizada por el máximo órgano comicial a las actas con presuntas irregularidades presentadas por Pachakutik, solo encontraron problemas numéricos y falta de firma en 31, las cuales representarían alrededor de 600 papeletas de apoyo a Pérez, lo cual no cambia los resultados.
Con la campaña electoral a las puertas, de cara a la segunda vuelta de sufragios, Andrés Arauz, de la coalición progresista Unión por la Esperanza, y Guillermo Lasso, del movimiento de centro-derecha CREO, son los aspirantes a la Presidencia del país que se enfrentarán el venidero 11 de abril.
Mientras algunas organizaciones exigen recontar los sufragios, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas (Conaie), que agrupa a la mayor representación de las comunidades ancestrales, se mantiene al margen de los pedidos de Ecuarunari y Pachakutik, su principal brazo político.
La Conaie no estuvo en la gran marcha que recorrió más de 600 kilómetros desde Loja hasta la capital para presentar las irregularidades, ni acompaña las acciones actuales, lo cual, para muchos, es clara señal de la división existente entre los líderes políticos y sociales de los pueblos y nacionalidades.
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