Las comparecencias recientes ante la Comisión de Fiscalización y Control Político incluyeron al defensor del pueblo, Freddy Carrión, y el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Byron Villacís.
En su intervención, Carrión aseguró que las actuaciones de la empresa Explocem C.A., respecto al conflicto colectivo que lleva más de seis años sin solución, demuestran la existencia de persecución y hostigamiento a los trabajadores miembros del comité empresarial.
Además, señaló que la Defensoría del Pueblo requirió de las autoridades de la Defensa Nacional, Trabajo y los directivos de Explocem actuar en el marco de lo dispuesto en la Constitución y la Ley e, inclusive, se ofrecieron a actuar como mediadores, a fin de buscar una solución al conflicto para atender las demandas del personal y los intereses de la empresa.
De su lado, Villacís se centró en explicar la metodología aplicada en el establecimiento de las estadísticas en torno al empleo, desempleo y subempleo en Ecuador, en la cual fue incluido, desde 2014, el indicador de empleo inadecuado y señaló perjuicios a la institución, sobre todo su adscripción a la Presidencia de la República.
En la lista de asistentes a la sesión realizada ante la Comisión estaba el titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien se excusó por no asistir.
Al respecto, consideró que informó por escrito y de manera oportuna la participación de su cartera de Estado en ejercicio de la tarea de seguridad y resguardo de la zona en la cual está ubicada la empresa Explocem S.A., lo que no puede ser calificado como militarización.
La solicitud de juicio político la impulsaron las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga.
Entre las causales contra el titular consta que no designó un inspector de trabajo para verificar el pago de indemnización de empleados de Explocem y Flopec EP, quienes perdieron sus puestos de enero a junio de 2020.
También pesan en su contra incumplimientos al no proporcionar acceso a la información pública al Observatorio Ciudadano de discapacidad, salud pública, trabajo y derechos humanos, así como congelar el salario básico unificado de 2021 en los 400 dólares establecidos para 2020.
Además, lo acusan de no registrar de inmediato la prohibición de ejercer cargo público a la exministra de Gobierno María Paula Romo, después de la censura y destitución dispuesta por la Asamblea Nacional, lo cual viola las leyes orgánicas de la Función Legislativa y la de Servicio Público.
El titular de Trabajo deberá presentar sus pruebas de descargo ante la Comisión el venidero 19 de marzo.
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