La suspensión de los plazos procesales por la pandemia de la Covid-19 fue otro de los factores que provocó el desplome de los lanzamientos hipotecarios o desahucios el pasado año, precisó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De los 29 mil 406 lanzamientos practicados, la mayoría (21 mil 145) estuvieron vinculados al alquiler, lo que supone un 42 por ciento menos que en 2019, según los datos difundidos este jueves por el órgano de gobierno del poder judicial español.
Otros seis mil 915 proceden de ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito (un 51,3 por ciento menos).
El más reciente informe del CGPJ revela, en cambio, el repunte de las ejecuciones o embargos presentados en este mismo período, que aumentaron un 17,5 por ciento hasta los 20 mil 460 procedimientos.
Es la primera subida desde 2012, aunque los registros se encuentran aún muy lejos de los 91 mil 622 de aquel año.
Según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), durante la última década el perfil de las personas desahuciadas de sus casas mutó de manera considerable.
Al principio eran familias que no podían hacer frente al pago de sus hipotecas, pero ahora son en su mayoría (alrededor de un 70 por ciento) arrendatarios a quienes no les alcanza para pagar el alquiler, señaló la organización por el derecho a la vivienda.
En diciembre último, el Gobierno de coalición progresista español dio luz verde a no ejecutar los procedimientos vinculados al impago del alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el fin del estado de alarma (el 9 de mayo).
Dicha medida, incluía la suspensión de los desalojos de ocupantes sin contrato de viviendas vacías de grandes tenedores o propietarios de más de 10 inmuebles.
Desde su nacimiento en 2009, la PAH viene reclamando a la clase política española legislar con urgencia una solución para frenar ese drama social, iniciado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
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