La propuesta surgió a partir de una reunión entre el ministro de Economía y Finanzas Mauricio Pozo y el presidente del Parlamento César Litardo.
El objetivo de la mesa de trabajo interinstitucional es corregir la normativa conocida como proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización, que busca reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero a través de la privatización del Banco Central de Ecuador (BCE).
Después de la revisión, prevista en un plazo de ocho días, la administración central presentará formalmente la normativa ante la Asamblea Nacional, que ya devolvió el texto en dos ocasiones, primero por cuestiones de forma y luego por considerarlo contrario a la Constitución.
El polémico proyecto forma parte de los compromisos adquiridos por el gobierno del presidente Lenín Moreno en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a préstamos, lo cual fue rechazado por expertos, grupos políticos y la población en general.
La presencia del FMI en Ecuador y los requisitos impuestos para conceder fondos al país provocaron varias jornadas de protesta popular desde el inicio de la gestión de Moreno, en 2017.
Diversos sectores reclaman la salida del organismo financiero de esta nación andina, así como políticas que favorezcan a los trabajadores y familias de escasos ingresos.
Por su parte, la privatización del BCE también ha sido ampliamente denunciada, pues a juicio de especialistas, busca impedir que el próximo gobierno pueda usar el préstamo para implementar planes de reactivación económica y paliar la crisis actual.
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