El incidente ocurrió en las afueras del Palacio de Carondelet, sede de la presidencia de la república, hasta donde llegó una marcha en reclamo de presupuestos, protagonizada por burgomaestres, concejales y funcionarios de diferentes ciudades.
Previo a la manifestación, el presidente de AME, Raúl Delgado, afirmó que los adeudos por concepto como patrimonio y devolución del Impuesto al Valor Agregado suman mil 53 millones de dólares.
En el caso de Morona Santiago, el alcalde Franklin Galarza, afirmó que el ejecutivo le debe a la municipalidad alrededor de ocho millones de dólares y sustentó el reclamo en el Fondo de Desarrollo Sostenible de la Ley Amazónica, sobre el cual el ministerio de finanzas no se ha pronunciado desde febrero del año pasado.
‘Lo normal es que en tres meses máximo, en años pasados, llegaban esos fondos’, aseveró, y cuestionó si es necesario llegar a ese tipo de cosas para ser escuchados por el ejecutivo nacional.
De su lado, la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, especificó que la deuda con su cantón es de seis millones de dólares.
Sosa rechazó recientes declaraciones del titular de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, quien aseguró que los pagos están al día hasta el pasado mes de febrero.
En representación de Echeandía, Franklin Escudero cuestionó que por el incumplimiento del gobierno nacional no han podido ejecutar proyectos ni disponer de presupuestos para generar obra pública.
Pese a la respuesta represiva, los funcionarios insisten en el intento de ser recibidos por el presidente de la república y proponen una mesa de diálogo en busca de respuestas a las necesidades de sus poblaciones.
En diciembre último, directivos de los 221 municipios de esta nación andina realizaron una marcha similar en demanda de los fondos adeudados por la administración central.
‘Los recursos que han llegado al país han sido repartidos entre proveedores, tenedores de deuda. A los municipios nos ha llegado el dinero a cuenta gotas. Nosotros hemos enfrentado esta pandemia directamente en el territorio, sin recursos’, enfatizó entonces el presidente de AME.
En esa ocasión, otro reclamo fue directo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que otorgue una moratoria al pago de las obligaciones pendientes por parte de los cabildos, sin excluir la continuidad en la prestación de servicios sociales a los funcionarios municipales.
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