Así lo manifestó el presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, quien ante la activación del Título III de la normativa, en mayo de 2019, denunció en su cuenta de Twitter que la legislación norteamericana ataca la soberanía de terceros países e intenta destruir a la Revolución cubana.
Firmada el 12 de marzo de 1996 por el presidente norteamericano William Clinton (1993-2001), la Ley Helms-Burton apuntó desde su surgimiento a una internacionalización del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla.
La extraterritorialidad en su aplicación es una de las cuestiones que la convierte en violatoria de numerosos estatutos del derecho internacional acerca de las relaciones políticas y económicas.
Sobre ello varias naciones y entes internacionales han emitido pronunciamientos de condena, entre los cuales están el Movimiento de Países No Alineados, la Comunidad de Estados del Caribe, y miembros de la Unión Europea.
Uno de los acápites que más rechazo genera es el Título III de la normativa, pues permite radicar demandas en cortes estadounidenses contra personas o entidades que realicen transacciones con propiedades norteamericanas nacionalizadas por Cuba luego de enero de 1959.
Varias compañías como Meliá Hotels International S.A., MSC Cruise S.A. y Norwegian Cruise Line estuvieron involucradas en querellas luego desestimadas; aunque según el Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, las más perjudicadas en el primer año de aplicación eran las empresas norteñas.
Ese hecho, y también que el número de pleitos interpuestos fuera muy inferior al previsto, llevaron a personas como John Bellinger, asesor legal del Departamento de Estado durante el mandato de George W. Bush (2001-2009), a considerar la activación del Título III como un fracaso.
Pero más allá de lo cuantitativo, el efecto disuasivo e intimidatorio de la política de Washington tuvo saldos negativos para el país antillano, como recoge el informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el impacto del bloqueo entre marzo de 2019 y abril de 2020.
Operaciones comerciales, acciones de cooperación y proyectos de inversión extranjera que estaban en diferentes niveles de desarrollo fueron cancelados; y también repercutió en las instituciones bancario-financieras, las cuales rehúsan trabajar con entidades cubanas por temor a ser sancionadas.
Un cuarto de siglo después la Ley Helms-Burton continúa presionando la economía de la isla, pero su aplicación, dijo Díaz-Canel, ‘no detendrá la marcha de los cubanos’.
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