Luego que la Casa Blanca retiró a la mayor parte del personal diplomático de su embajada en La Habana en 2017 después de que numerosos diplomáticos enfermaron debido a una causa aún desconocida, más de 100 mil cubanos esperan por visas para reunirse con sus familiares en Estados Unidos, según cifras oficiales del Departamento de Estado.
Voceros del gobierno del presidente Joe Biden dicen que la administración revisa su política hacia la nación caribeña, mientras enfrenta presiones de grupos minoritarios y miembros cubanoamericanos del Congreso contrarios a un acercamiento con La Habana.
Un informe del Departamento de Estado con cifras hasta noviembre del 2020, mostró que hay 78 mil 228 expedientes de inmigración de familias cubanas que están pendientes en el Centro Nacional de Visas, lo que ubica a Cuba entre los 10 países con más casos sin resolver.
La situación se hace crítica cuando los presuntos ataques sónicos contra funcionarios diplomáticos en la sede estadounidense en la capital cubana, sin sustentación científica, entorpecen nuevos pasos.
Mientras, la Plataforma Digital https://noembargocuba.com, que engloba todos los esfuerzos de cubanos y extranjeros en EEUU y el mundo para poner fin al bloqueo a Cuba, anunció que hoy llegará al millón de reacciones pidiendo a Biden el cese de ese engendro que diversas fuentes califican de acción sádica y criminal.
‘Querido Presidente Biden, yo siempre he sustentado que normalizar las relaciones entre Cuba y los EE.UU. es lo correcto para el pueblo estadounidense, y para el pueblo cubano. Es un paso que la mayoría de los estadounidenses apoyan’, refleja la plataforma citando al congresista James McGovern.
Según el grupo, ahora se reconoce que un presidente tiene la autoridad para modificar unilateralmente el bloqueo estadounidense a Cuba.
Ese poder existe a pesar del intento de ‘codificación’ del Congreso de las regulaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que forman esa política, expresa.
En resumen, señala, la autoridad para terminar unilateralmente el embargo a Cuba se basa en la primacía constitucional de la oficina del presidente en la gestión de las relaciones exteriores de Estados Unidos.
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