La administración de Joe Biden pretende incrementar la presión contra Caracas -develó el portavoz del Departamento de Estado Ned Price-, al alinear sus objetivos a los distintos grupos y países plegados a la política hostil contra la nación sudamericana.
En esa línea de acción, Washington pasa por alto al Consejo de Seguridad de la ONU como instancia multilateral por excelencia, ante la ilegalidad y falta de respaldo en su política de coerción y medidas unilaterales en el ámbito económico.
‘La campaña de máxima presión para cambiar al gobierno de Venezuela viola el principio de igualdad soberana y constituye una intervención en sus asuntos internos’, aseveró la relatora especial de la ONU Alena Douhan en su informe sobre el impacto de las denominadas sanciones en el país.
Según el secretario de Estado Antony Blinken, ‘los Estados Unidos ya no promoverán la democracia mediante intervenciones militares’, en tanto refuerzan su política de asfixia económica hacia los países donde tienen interés en implementar el llamado cambio de régimen.
El bloqueo económico contra Caracas causa efectos similares a la intervención militar, al privar a la población de recursos para el sostenimiento y desarrollo, reconoció la experta de Naciones Unidas tras su visita al país sudamericano.
Las acciones de estrangulamiento a la comercialización de diesel impuesta a Venezuela fomentan el desabastecimiento de bienes de primera necesidad, con el fin de generar la inestabilidad social necesaria para concretar esos fines políticos, de acuerdo con denuncias del Ejecutivo venezolano.
Esta política de coerción se dirige además a empoderar a la oposición extremista, ante su merma en organización y respaldo popular frente a un eventual escenario de negociación.
El asesor hemisférico de seguridad nacional de la Casa Blanca, Juan Sebastián González, públicamente asumió la decadencia de liderazgo del exdiputado Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como ‘presidente encargado’ y su interlocutor en el terreno.
A su vez, dentro de sus prioridades para Venezuela, el secretario Blinken también anunció proveer asistencia humanitaria, lo cual devela el doble rasero de su política al pretender incidir en una situación económica que tiene como base las sanciones contra el país.
Esto supondría la entrada de organizaciones no gubernamentales designadas para brindar recursos a la población venezolana ante el debilitamiento económico, mediante la exclusión de las instituciones del Estado.
Ejemplo de ello es la recomendación del exrepresentante para Venezuela de la administración de Donald Trump, Elliott Abrams, quien propuso al actual gobierno demócrata negociar la flexibilización de las sanciones contra los combustibles, a cambio de la autorización de entrada del Programa Mundial de Alimentos al país.
El carácter humanitario de la administración estadounidense únicamente se demostraría mediante el desmontaje del bloqueo, la liberación de sus recursos ilegalmente incautados en el exterior, y la normal inserción del país en los circuitos financieros internacionales, demandas reiteradas por el gobierno venezolano.
Ello facilitaría el dinamismo económico y mejorar las atenciones sanitarias que requiere la población venezolana en el complejo contexto internacional impuesto por la pandemia de Covid-19.
Ante este escenario, el país caribeño fortalece alianzas estratégicas internacionales, y realiza ajustes económicos de la mano de actores públicos y privados, mientras se aíslan y desacreditan los sectores políticos internos que se alinean con la política de agresiones.
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